Con fecha 23 de junio del 2021, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró “infundado el recurso de casación excepcional por vulneración de precepto penal material”, interpuesto por la defensa técnica del investigado Carlos Alfredo Casabonne Stoessel, representante de Urbi Propiedades S.A., comprendido en la investigación del caso parque Puelles, como presunto cómplice primario del delito de negociación incompatible en agravio de la Municipalidad Provincial de Huánuco.
La decisión confirma el fallo de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco que el 3 de octubre del 2016, ratificó lo que en primera instancia declaró infundada la excepción de improcedencia de acción penal en su contra.
Lo que significa que Casabonne Stoessel, no logró que lo excluyan, porque en última instancia la Corte Suprema no le dio la razón sobre la responsabilidad penal que tendría.
En primera y segunda instancia, la Corte Superior de Justicia de Huánuco declaró infundada la “excepción de naturaleza de acción”. Sin embargo, la defensa técnica del representante de Urbi Propiedades, recurrió a la Corte Suprema con el fin de que lo excluyan de la investigación como presunto cómplice primario del delito de negociación incompatible en agravio de la Municipalidad de Huánuco.
CASO. Según la acusación fiscal, a fines del 2010, antes que ingrese el proyecto del centro comercial, el entonces alcalde Jesús Giles y el regidor Clever Zevallos, convocaron a sus gerentes para comunicarles que Urbi Propiedades iba presentar una iniciativa privada y que ningún informe que solicite debía salir en su contra, incluso ambos acusados sometieron a votación para conocer si alguien estaba en contra.
Tal como estaba advertido, el 3 de diciembre del 2010, Cosabonne Stoessel, ingresó el proyecto del “Centro Comercial y de Esparcimiento Huánuco Puelles (hoy Real Plaza)”, consistente en la construcción de un centro comercial en un terreno de 41,000m2. Urbi presentó su iniciativa, para que mediante un contrato se le conceda un terreno de la Municipalidad de Huánuco (parque Puelles), por un plazo de 70 años, a cuyo vencimiento se revertiría a título gratuito a favor de la comuna provincial.
En ese marco, los acusados emitieron con pleno conocimiento, todos los actos administrativos favorables, como el hecho de cambiar de uso al parque, para que se adjudique directamente el proyecto de Urbi Propiedades, sin promover ninguna negociación de las condiciones.
En este caso están involucrados 26 personas encabezadas por el exalcalde de Huánuco, Jesús Giles Alipázaga, como presuntos autores de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
ACUSADOS. Los acusados en el proceso que están con comparecencia simple, además de Giles Alipázaga, están los exfuncionarios municipales: Emilio Ruiz Moncada, Vlamir Cruz Picón, Kevin Dueñas Carbajal, Franco Liyanaje Alva, Dante Salas Castro, Clever Castañeda Ramón, Edilberto Ramón Álvarez, Javier Dávila Figueroa, Tomislavo Zécevich Acosta, Napoleón Huere Rosas y Ivan Nuñez Barboza.
También los exconcejales Clever Zevallos Fretel, Cecinio Rojas Salcedo, Gustavo Barrera Sulca, Ricardo Morales Rosales, Oscar Ortiz de Zevallos Triveño, Elena Patricia Follegate Runco, Jorge Pimentel y Wong, César Gonzáles Soto, Carlos Malpartida Márquez, Alicia Espinoza Rojas, Juan Ollague Rojas, Joel Arteaga Calixto y Cecilia Ríos Salazar.
Y el representante de Urbi Propiedades, Carlos Alfredo Cosabonne Stoessel, como presunto cómplice primario.
Se conoció que para el caso de Castañeda Ramón, solicitaron el sobreseimiento lo que fue admitido en parte por el juez Elmer Contreras, sin embargo, habría sido apelado por el fiscal Iván Carrión, quien investigó el caso.
JUICIO ORAL. En abril de este año, se conoció que el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de Elmer Contreras Campos, ordenó la remisión del auto de enjuiciamiento del caso del parque Puelles, para inicio de juicio oral.
El juicio oral que aún no tenía fecha de inicio será llevado por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Permanente Supraprovincial de Huánuco Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo de Luis Pasquel Paredes.
El fiscal Iván Carrión Cabrera, está solicitando cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad e inhabilitación de dos años para todos, de conformidad con lo establecido en el código penal para los delitos señalados.
En tanto, la Procuraduría Anticorrupción Descentralizada de Huánuco ha solicitado en forma solidaria paguen una reparación civil de 25 millones 536 mil 484.79 dólares americanos que comprende: daño patrimonial $ 21´536´484.79 y daño extrapatrimonial $ 4’000,000.00; a favor de la Municipalidad Provincial de Huánuco y el Estado por los daños y perjuicios ocasionados.
IMPUTACIÓN. A todos los acusados, les imputan haberse interesado indebidamente y de manera directa en el proceso desarrollado por la Municipalidad de Huánuco ante la iniciativa de inversión presentada por Urbi Propiedades en el 2010, interés que se materializó con la emisión de los actos administrativos para favorecer a la empresa que ejecutó en el parque Puelles, el proyecto “Centro Comercial y de Esparcimiento Huánuco”, lo que es ahora el Real Plaza.
El documento fiscal señala que adjudicaron directamente la iniciativa privada sin realizar ninguna negociación previa respecto a las condiciones, estableciéndose requisitos técnicos sin justificación en agravio de la comuna provincial y el Estado.
El fiscal sostiene que los acusados emitieron con pleno conocimiento todos los actos administrativos favorables, como el hecho de cambiar de uso al parque, para adjudicar directamente el proyecto de Urbi Propiedades, sin promover ninguna negociación de las condiciones.
