Pérdidas en obra de agua potable de Ambo ascienden a S/ 5.7 millones

VEINTE EXFUNCIONARIOS TENDRÍAN RESPONSABILIDAD PENAL

En una auditoría de cumplimiento, la Contraloría General determinó un perjuicio económico de S/ 5’708,483.42 en la obra: “Mejoramiento, rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Ambo”, financiado por el Gobierno Regional de Huánuco.

Según el informe del órgano de control, 20 ex funcionarios de anteriores gestiones del gobierno regional, tendrían responsabilidad penal y administrativa en estos hechos, toda vez que otorgaron y consintieron diez ampliaciones de plazo a la constructora (Consorcio JC1), ocasionando que se extendiera de 270 a 704 días calendarios.

Según la comisión auditora, las ampliaciones de plazo debieron ser declaradas improcedentes porque carecían de sustento técnico legal y fueron solicitadas por el residente de obra, y no por el contratista o su representante legal. Sin embargo, la entidad continuó con el trámite, ocasionando que se le reconocieran mayores gastos generales y no se le apliquen penalidades por los retrasos en la ejecución

Según la Contraloría, la obra valorizada en S/ 20´793,849.64 empezó a ejecutarse en enero del 2012 y en noviembre de ese mismo año quedó paralizado, por lo que el contrato fue resuelto por atrasos injustificados del contratista.

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Sin embargo, en el 2015 se realizó una conciliación extrajudicial, por común acuerdo de las partes, se revirtió la situación de improcedencia de algunas ampliaciones de plazo que habían sido dispuestas por la entidad. Con esta modificación, el contratista efectuó el cobro de mayores gastos generales cuyo derecho había perdido, lo cual afectó la transparencia y legalidad del proceso y, generó un perjuicio económico a la entidad.

Durante la auditoría también evidenciaron que los responsables de la Subgerencia de Estudio, Subgerencia de Obras y Supervisión y Gerencia Regional de Infraestructura de entonces, aprobaron el expediente técnico y dispusieron el inicio de la obra en enero del 2012, sin verificar la disponibilidad de los terrenos para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

En agosto del 2018, el gobierno regional reinició la ejecución de la obra en la modalidad de administración directa, la cual aún no se concluye.

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