El procurador del Gobierno Regional de Huánuco, Juan Carlos Nolorve Rojas, presentó una denuncia penal contra el ex gobernador regional Rubén Alva Ochoa, exfuncionarios y representantes de la constructora y supervisora, por presuntas irregularidades cometidas en la construcción del nuevo Hospital de Tingo María. Según el documento, pagaron valorizaciones ficticias, causando un perjuicio económico ascendente a S/ 2’349,104.37.
En la denuncia presentada ante la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios por la presunta comisión del delito de colusión agravada, están incluidos los ex gerentes de Infraestructura: César Martel Bernal y Daniel Mallqui Estacio; así como el administrador de contrato de obras Juan Maylle Alejandro.
Asimismo, los representantes legales del Consorcio Ejecutor Tingo María, los brasileños Emagnor Tessinari Filho, Álvaro Huidoboro Bustamante y Rodrigo Tadeu Soares. Completan la lista, el representante legal de la empresa supervisora Acruta & Tapia Ingenieros SAC Elías Tapia Julca, y los jefes de supervisión de esta empresa: Rodolfo Oreste Baldi Burga y Luis Tello Suárez.
Van ocho años
El 19 de abril del 2013, en el periodo del gobernador Luis Picón Quedo, el Gobierno Regional de Huánuco y el Consorcio Ejecutor Tingo María suscribieron el contrato n° 334-2013-GRH/GR para ejecutar la obra: “Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Tingo María”, por un monto de S/ 101’149,888 con un plazo de ejecución de 540 días calendarios. Dicho consorcio se encuentra conformado por: Assignia Infraestructuras S.A. Sucursal Perú, Vega Perú S.A. y GPO Gastao de Projectos e Obras Ltda sucursal Perú.
Con el mismo fin, el 17 de mayo del 2013, el Gobierno Regional de Huánuco y la empresa Acruta & Tapia Ingenieros SAC suscribieron el contrato n° 431-2013-GRH/GR para el servicio de consultoría para la supervisión de la obra por S/ 3’034,537.29 con un plazo de ejecución de 600 días.
La ejecución inició en el periodo de Rubén Alva (2015), y debió concluirse en el 2018. Sin embargo, a más de ocho años desde la firma del contrato, continúa sin concluirse y el monto de inversión a mayo del año pasado ya había incrementado a S/178 millones, además con varias ampliaciones de plazo y adicionales.
En el 2016, la Contraloría halló deficiencias en la obra, como el uso de drywall en las paredes de áreas críticas, lo que no estaba contemplado en el expediente.
Ya en la actual gestión de Juan Alvarado, el Consorcio Ejecutor Tingo María paralizó la obra en diciembre del 2019, argumentando una deuda no cancelada. Por su parte el Gobierno Regional de Huánuco resolvió el contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales. Hasta ese momento, la empresa constructora informó que la obra estaba en un avance de 93%, pero al hacer la valorización solo tenía un 72,9%.
Tras la intervención del Gobierno Regional de Huánuco para culminar el saldo de obra, la entrega del referido hospital estaba previsto para abril de este año, pero por observaciones aún no resueltas, la nueva fecha de entrega es julio de este año.
Colusión agravada
“De la información brindada a esta procuraduría se ha podido advertir irregularidades que trascienden la esfera administrativa, lo que hace presumir un concierto de voluntades para defraudar patrimonialmente al Estado”, refiere la denuncia interpuesta por la Procuraduría Regional contra Alva Ochoa, exfuncionarios y empresarios que participaron en la ejecución de la obra.
Señala el documento que los denunciados estarían inmersos en colusión agravada porque avalaron valorizaciones desde el n° 39 hasta el 68 en los que se verifican que son ficticias; con las cuales han hecho pagos al contratista por la ejecución de metrados no existentes.
“El Consorcio Ejecutor Tingo María a través de sus representantes legales y residente de obra Jorge Vidal Cordero habrían concertado de manera ilegal con la supervisora a través de Elías Tapia Julca y el jefe de supervisión Rodolfo Baldia Burga (responsable de las valorizaciones 60 y 67) y Luis Suarez Tello (responsable de la valorización 46), para presentar metrados no ejecutados en la obra como si realmente habrían, con el fin de que paguen al consorcio ejecutor sumas indebidas; causando con ello un perjuicio económico de S/ 2’349,104.37”, refiere la denuncia.
La obra en referencia se encontraba bajo el sistema de suma alzada, por ende, las valorizaciones se formulan en función a los metrados realmente ejecutados, los cuales pueden ser físicamente medibles; pero en este caso, de acuerdo a las inspecciones realizadas no habían sido ejecutados.
Entre esas valorizaciones ficticias detallan que se trata de la ejecución del falso cielorraso con baldosas acústicas, pagado al 100% con la valorización n° 67 en mayo del 2019, sin haber ejecutado. También, la ejecución del piso técnico, pagada al 65.22% en la valorización n° 46 en agosto del 2017, trabajo que no existía; y la construcción del sistema termosolar para producción de agua caliente, considerada al 100% en la valorización n° 60 en octubre del 2018, cuando no habían ejecutado.
