La Contraloría General de la República detectó deficiencias en la elaboración del expediente técnico para el mejoramiento de la Institución Educativa Daniel Joel Jara Inga de la localidad de Miraflores, en la provincia de Humalíes. La Municipalidad Distrital de Miraflores aprobó y pagó por un expediente que tenía datos de otra entidad y que los planos tampoco tenían la firma de los especialistas, por lo que el estudio no tendría validez.
Según el Informe de Control Concurrente n.° 043-2023-OCI/0400-SCC, la comuna distrital pagó S/ 80 000 por un expediente técnico que solo tenía la firma del jefe del proyecto, faltaban las firmas de los especialistas de estructura, de instalaciones eléctricas, de riesgos y de un ingeniero ambiental, como establecía el contrato de consultoría. A pesar de ello, el estudio fue aprobado con resolución de alcaldía en abril del 2022.
Evidenciaron que gran parte de los seis tomos del expediente no tienen la rúbrica de los especialistas del proyecto, como indicaba el contrato. Por lo que 27 documentos entre memorias descriptivas, planos, especiaciones técnicas, metrados, diseños de estructura y otros, fueron presentados sin sello y firma de los cuatro profesionales propuestos por el consultor.
Otro hecho advertido fue que el 70 % de estos documentos contienen datos de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, información que no corresponde y contraviene el Reglamento Nacional de Edificaciones, que orienta que todos los proyectos deben ser elaborados por profesionales responsables, quienes deben cumplir con incorporar los requisitos de información básica.
A pesar de estas deficiencias, la sub gerencia de infraestructura y obras de la entidad otorgó conformidad el 7 de abril del 2022, ese mismo día fue aprobado con resolución de alcaldía y posteriormente autorizó el pago al consultor por un expediente técnico de infraestructura educativa valorizado en S/ 10 281 412. Esta situación genera cuestionamientos de la validez de la información técnica, además, afectaría la calidad del proyecto durante su ejecución.
La Contraloría recomendó al titular a adoptar las acciones que correspondan, y asegurar la finalidad de este estudio.
