Contraloría detectó irregularidad en compra de equipos de laboratorio por S/ 1.9 millones
La Contraloría General detectó perjuicio económico por S/ 190 555 en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval) de Huánuco, debido a que los funcionarios de esta casa superior de estudios devolvieron la penalidad a la empresa Labtop Perú SRL, que entregó un equipo para el laboratorio de investigación fuera de plazo establecido en el contrato.
Según el órgano de control, el 21 de diciembre del 2018, la Unheval realizó la contratación directa con la citada empresa para adquirir un equipo de laboratorio denominado ‘espectrómetro raman con epifluorescencia y microscopio confocal’ con fines de investigación, por un monto de S/ 1’905.550. Este bien fue entregado fuera del plazo, lo que generó que se aplique penalidades por dicho retraso.
Según el contrato el equipo debió entregarse dentro de los 119 días calendarios, es decir el 19 de abril de 2019. La empresa solicitó la ampliación de plazo para la entrega del bien, por su parte la universidad aprobó la ampliación hasta el 22 de mayo de 2019. Sin embargo, el proveedor tampoco cumplió, argumentando no haber sido notificado de la aprobación oportunamente, por lo que la casa de estudios aplicó las penalidades por el retraso injustificado.
Labtop Perú sometió a arbitraje solicitando pidiendo que se reconozca una nueva ampliación de plazo hasta el 12 de julio, a pesar que sí había sido notificado dentro de los diez días hábiles como establece la Ley de Contrataciones del Estado.
Durante el proceso arbitral, los funcionarios de la Unheval reconocieron y aceptaron la ampliación de plazo hasta el 12 de julio, lo cual conllevó que el contratista requiera mediante conciliación la devolución de la penalidad. Esta situación afectó el correcto desarrollo de la contratación pública y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
Por estos hechos la Contraloría halló responsabilidad penal y administrativa en dos funcionarios de la Unheval, al haber reconocido y aprobado la ampliación de plazo solicitado por el contratista, y por haberse allanado al proceso arbitral lo que conllevó a que devuelvan la penalidad, y a su vez ocasionaran el perjuicio económico en contra de la casa de estudios.
La Contraloría indica que notificó al rector para el deslinde de responsabilidades; así mismo, al procurador público especializado en delitos de corrupción para que inicie las acciones contra los funcionarios comprendidos en los hechos.
