En el discurso de orden por el XII aniversario de la implementación del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Huánuco, el juez superior Elmer Contreras Campos presidente de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria, hizo un llamado a sus colegas para que realicen una evaluación concienzuda del principio de oportunidad sobre la ley 31751 (ley Soto).
Antes de iniciar su alocución, el magistrado agradeció los minutos brindados en la ceremonia para hablar sobre el rol del juez en un estado constitucional del derecho, esto con relación a la promulgación de la cuestionada ley 31751, el cual fue promulgado en mayo del 2023 por el Congreso de la República con el cual modifica la suspensión del plazo de prescripción que, en términos prácticos reduce el plazo de la prescripción de la acción penal y como consecuencia trajo la prescripción de los delitos.
Informó que, contra esta ley controvertida y criticada, la Corte Suprema publicó el acuerdo plenario n° 5 del 28 de noviembre del 2023 que ordena a todos los jueces a nivel nacional a no aplicar la ley 31751 por considerar inconstitucional y que busca impunidad. Hizo un recuento sobre los 16 jueces supremos que suscribieron la decisión que el plazo de suspensión de un año dispuesto por la referida ley no tiene precedentes en la legislación nacional ni en el derecho comparado.
“Nos han cambiado las reglas de manera intempestiva, el Ministerio Público y Poder Judicial realizan un plan, se proyectan en base a los plazos de prescripción vigentes, pero si te cambian esas reglas simplemente creas indefensión. Lo que parece raro es que el legislador no sometió esta ley a la Vaquio Legis para que los operadores del derecho entiéndase, jueces y fiscales puedan de alguna manera salvar los casos que iban a prescribir, pero no, el Congreso hizo lo más perjudicial iniciar la vigencia de la ley desde el día siguiente de su promulgación”, dijo.
Aseguró que la historia no queda con la promulgación de la ley Soto, también la emisión del Acuerdo Plenario 5 del 2023 y la respuesta del Congreso con la aprobación del proyecto la ley 6589 con el cual el Congreso quiere obligar a los jueces a aplicar la ley 31751.
“Ya hemos visto anteriormente el rol que desempeña el juez ante un estado de derecho, y aquí un llamado de atención a nuestros colegas, pero un punto aparte es que muchos de nuestros colegas no han asistido a la ceremonia a pesar de ser su aniversario”, dijo el magistrado.
LLAMADO. “Ya la Corte Suprema ha dado un primer paso marcando una senda por donde transitar para inaplicar dicha ley, ya depende de nosotros una ley que desde sus inicios ha sido ilegítima por beneficiar a los integrantes de los partidos políticos que han votado a favor de la ley, siga vigente. Algunas veces llegamos al facilismo y eso he escuchado de mis colegas al culpar al Ministerio Público de la demora en las investigaciones, pero no reconocemos las propias dilaciones que se presentan en nuestros juzgados y más aún en la Sala de Apelaciones de esta Corte Superior”, dijo el magistrado.
Asimismo, indicó que antes de la creación de la Sala Penal Transitoria estaban programando las apelaciones de sentencias para fines del 2025 y eso ocurría en noviembre del 2023. “Es decir, dos años de retraso, otras cortes también están en la misma situación y de esto no me va dejar mentir el presidente de esta Corte, porque él nos comentaba cuando fueron a pedir la instalación de la Sala argumentando el retraso al que hice referencia, le dijeron que otras Cortes también estaban programando apelaciones para el 2025 e incluso para el 2026, entonces, el retardo, dilación de número de causas no es exclusividad de nuestra Corte”, explicó Contreras Campos.
El juez dijo que eso ocurría en los procesos comunes, y preguntó cómo será en los procesos complejos como son los de Corrupción de Funcionarios, refirió que es un tema aparte cuando hay una gran cantidad de imputados. “Señores jueces no vaya ser que en casos tan relevantes y susceptibles para la población como son los de corrupción de funcionarios vayan a resolver por la prescripción”, recalcó.
Contreras Campos, quien antes de llegar a ser juez superior estuvo cargo del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria y resolvió decenas de requerimientos de prisión preventivas por casos de corrupción contra policías, funcionarios, empresarios, etc., recalcó que el Congreso quiere es los jueces sean boca de la ley. “Necesitan un juez que aplique la ley que ellos deciden sin pasar ningún tamiz, lo cual es contrario a un estado constitucional de Derecho”, puntualizó.
12 AÑOS. Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, recordó como día histórico lo ocurrido el 1 de junio del 2012 con la implementación y aplicación del nuevo modelo procesal al que llamó garantista bajo los principios de igualdad, estricto derecho a la defensa y las garantías mínimas que debe haber en todo proceso penal.
Al dirigirse a los jueces, personal asistencial y administrativo de la Corte Superior de Justicia Huánuco invocó hacer las cosas bien, buscar el bien común social, laborar con empatía, respeto al justiciable y usuario.
ALGO +
No pasó desapercibo en los asistentes a la ceremonia que en el discurso de orden no estaban presentes los integrantes de la Sala Penal Permanente, cuyos jueces tendrían una posición aceptando la ley sobre la prescripción.
