Ayer, se hizo pública la denuncia de una presunta vacunación irregular contra la Covid-19 en el Hospital de Tingo María. Los dirigentes del Frente Único de Trabajadores del Hospital de Tingo María (Futhtim), acusan a Magally Calero Martínez, quien, en su calidad de entonces directora ejecutiva del Hospital de Tingo María, dispuso la vacunación de la asesora legal externa Diana Cornejo Loo, cuando ella solo realiza trabajo esporádico y no presencial.
Al respecto, a través de una rueda de prensa, el gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco, Juan Carlos Barreto Méndez, informó que, él en el marco de sus funciones corrió traslado sobre el presunto acto irregular a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del gobierno regional, a fin de que, esa inicie una investigación preliminar para determinar las responsabilidades administrativas.
“El funcionario puede determinar una acción, pero el que lo ejecuta es el nivel operativo”, expresó, al anunciar que, no solo Calero Martínez será investigada, sino también el administrador, el jefe de Recursos Humanos y la coordinadora de Inmunizaciones del referido nosocomio.
Sin embargo, según la lista que muestra el Hospital Tingo María, la abogada Cornejo Loo, sí estaba habilitada para ser vacunada. Indican que está considerada en el Inforhus y la ficha de vacunación como personal de salud, por lo que el uso de la dosis de Sinopharm para ella está bajo conducto regular.
En efecto en el ‘Padrón de vacunación Covid-19’ del Hospital de Tingo María parece en la casilla 77.
Pero, tal como denunciaron los dirigentes en el documento dirigido a Barreto Méndez, no solo la vacunación fue irregular, sino también el reporte que elaboraron; pues hicieron pasar a la abogada Diana Cornejo Loo como jefa de oficina, cuando ella se desempeña como asesora externa. “Era para vacunar al personal de salud de primera línea de acción y contención”, dijo Barreto.
Tras el escándalo, Calero Martínez, ayer fue cesada en el cargo. Según Barreto, la decisión no solo fue adoptada por el tema del presunto ‘vacunagate’, sino por un sinnúmero de indicadores que están en proceso de investigación. Entre estos criterios, mencionó que se evaluó la calidad de gastos. “El gasto no se estaba efectuando en brindarle mejores condiciones al trabajador”, dijo el funcionario, quien recomendó que, se minimicen costos y se maximicen logros.
En Puerto Inca
Por otra parte, Barreto Méndez, informó que la investigación en la Red de Salud Puerto Inca continúa por las presuntas 67 dosis dañadas. Al igual que Tingo María, dijo que, este caso se encuentra en investigación preliminar.
Una vez culminada las investigaciones, de encontrarse responsabilidad administrativa o penal, los informes serán remitos a la Procuraduría Pública Regional, así afirmó el gerente de Desarrollo Social, quien aseguró que, no le temblará la mano para hacer las denuncias y aperturar los procesos.
ALGO MAS
Barreto Méndez, recordó que todo funcionario al que se le detecté actos de corrupción en contexto pandémico va a ser inhabilitado de por vida.
