El procurador del Gobierno Regional de Huánuco, Juan Carlos Nolorve Rojas, anunció que alistan una demanda arbitral contra la Universidad Nacional Hermiluio Valdizán (Unheval) por el tema del convenio para la supervisión de la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Regional Hermilio Valdizán Nivel III-I” que ejecuta el consorcio Obrainsa – Joca.
El funcionario refirió que luego de tomar conocimiento que la Unheval resolvió el convenio, iniciaron un proceso conciliatorio por intermedio del centro de conciliación de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco. Sin embargo, en las dos audiencias programadas, los representante de la universidad no se apersonaron pese a ser notificados debidamente.
Explicó que dentro del convenio hay un cláusula relacionado a las controversias, que señala los pasos a seguir y es comenzando por un proceso conciliatorio; pero como no hubo resultados favorables, lo que sigue es un proceso arbitral.
“Hace diez días se cerró el acta de conciliación y ahora estamos alistando los documentos para iniciar el proceso arbitral que es lo que corresponde. En estos días vamos a interponer la demanda arbitral por la resolución del convenio”, refirió Nolorve.
NULIDAD DEL CONVENIO
Nolorve Rojas dijo que con el proceso iniciado lo que buscan es anular el convenio, toda vez que no fue hecho acorde a las normas.
“Con la demanda reclamamos que se deje sin efecto la resolución de convenio efectuado por la universidad, y que vuelva a su vigencia porque sostenemos que esa resolución no fue hecho de acuerdo a la norma; y que quede vigente la nulidad del convenio que es lo que corresponde como instauro el gobierno regional”, manifestó el funcionario.
Resaltó que la nulidad planteada es porque no era pertinente que el gobierno regional realice un convenio con la Unehval para cumplir con la supervisión, toda vez que no está ajustada a la Ley de Contrataciones del Estado.
Una eventual nulidad del convenio afectaría la ejecución del proyecto, toda vez que hay servicio y desembolsos económicos hechos. Nolorve consideró que no afectaría.
En marzo de este año, cuando entró en controversia el tema el gerente regional Luis Briceño, sostuvo que la resolución del convenio no exime la posibilidad de la recuperación de los fondos pagados a la universidad. Dijo esa vez que los que promovieron el convenio tendrán que asumir su responsabilidad.
El abogado Noe Rivas Alvarado, asistente consultor legal de la referida obra, también opinó que la Unheval tendría que devolver el monto total de lo cobrado por la supervisión del proyecto a efectos de que el gobierno regional convoque a un nuevo proceso de selección y contrate una empresa supervisora.
Consideró que tal devolución debe incluir los S/ 386 450.59 que cobro mientras la obra estuvo paralizado por 177 días.
Además, el letrado sostuvo que existen ilícitos penales en el convenio suscrito entre el gobierno regional y la universidad, pues ambas entidades no habrían actuado de acuerdo a norma, ya que el convenio como la firma de adendas, fueron modificadas para favorecer a la Unheval en la gestión de Rubén Alva.
CONVENIO RESUELTO
Mediante Resolución n° 1586, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, resolvió “por caso fortuito” el convenio específico de cooperación interinstitucional suscrito con el Gobierno Regional de Huánuco para la supervisión del “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Regional Hermilio Valdizaán Nivel III-I”.
En el documento, además, señalaron la falta de pago de las valorizaciones de los meses de noviembre y diciembre del 2018 y de enero del 2019, así como todas aquellas que pudiera adeudar a la Unheval.
La disposición fue encomendada, para su cumplimiento, a la Dirección General de Administración de la casa de estudios, en coordinación con la oficina de Planificación y Presupuesto y asesoría legal; y autorizaron al rector emitir la carta de resolución del referido convenio específico de cooperación interinstitucional.
Parte de los fundamentos para adoptar la decisión tendría que ver con la asignación presupuestal para la supervisión en este año, basado en un informe del administrador de contratos de la obra que “no se ajusta a la verdad”.
