El fiscal supremo Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, ratificó su decisión de solicitar, al Poder Judicial, 12 años de prisión efectiva y 183 meses de inhabilitación para ejercer la función pública contra el exparlamentario Kenji Fujimori y otros, por el caso ‘mamanivideos’.
Como se recuerda, Kenji Fujimori es acusado de los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo, luego de que, en diciembre de 2017, unos videos grabados por el entonces congresista Moisés Mamani registraron un supuesto ofrecimiento de obras a cambio de su voto contra la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
El fiscal Chinchay, en la audiencia realizada ayer en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, señaló que su decisión responde a que, durante las investigaciones, se logró reunir pruebas suficientes que acreditan que Fujimori Higuchi y los exparlamentarios Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez ofrecieron a otros congresistas «financiamiento de proyectos, programas y obras estatales, otorgamiento de puestos de trabajo en el Estado, protección judicial», entre otras dádivas, a cambio de sus votos contra la referida vacancia.
“El Ministerio Público ha podido demostrar que Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y Alexei Toledo ofrecieron a los congresistas Moisés Mamani, Carlos Ticlla, Modesto Figueroa dádivas y beneficios para que vendan su función pública y su función de control y sanción. Esta conducta se dio en el contexto de la segunda vacancia”, aseguró el fiscal supremo.
La solicitud será evaluada en los próximos días por el juez supremo José Neyra.
Además de la solicitud de prisión, la Fiscalía solicita el pago de una multa de S/130 mil a favor del Estado.