A más de un año que los jueces superiores César San Martín Castro, Iván Alberto Sequeiros Vargas, Erasmo Armando Coaguila Chávez, Sonia Bievenida Torre Muñoz y Norma Beatriz Carbajal Chávez integrantes de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia declararon infundado el recurso de queja de derecho interpuesto por la defensa técnica del sentenciado, Sergio Antonio Martínez Fernández, hasta la fecha la exautoridad no cumple con pagar los 80 mil soles de reparación civil dispuesto por el juez Walter Dávila Jorge.
El 4 de setiembre del 2018, Sergio Martínez y tres de sus exfuncionarios fueron condenados por el Cuarto Juzgado Unipersonal de Huánuco a tres años de pena privativa de libertad suspendida tras ser hallados culpables del delito de malversación de fondos en agravio de la Municipalidad Distrital de Amarilis y fijaron el pago de 80 mil soles de reparación civil. La defensa técnica de la exautoridad apeló el fallo judicial, pero el 3 de mayo del 2021 la Sala Permanente declaró improcedente el recurso de casación.
Entre las consideraciones tomadas en cuenta por la Sala Permanente para no aceptar el recurso, es el informe pericial del auditor contable de la fiscalía que señaló que la entidad no cumplió con una adecuada utilización de los recursos públicos destinados para el Programa de Modernización Municipal y al evidenciar un procedimiento irregular en el
destino de los fondos ascendentes a la suma de S/ 121 647.58 las cuales fueron pagados por concepto de pensiones a la familia del entonces alcalde de Amarilis.
Asimismo, advierten que el sentenciado en su condición de alcalde conocía el Decreto de Urgencia n° 071-2010 de la asignación del presupuesto a la municipalidad de Amarilis,
en el cual estableció, en el artículo cuarto, que los recursos asignados no podían ser destinados a gastos que sujetaran a las disposiciones del DS n° 002-2010 y la ley n° 29332 modificada por el Decreto de Urgencia n° 119-2009.
No obstante, pese a la prohibición expresa, mediante un conjunto de actos en los que participaron el sentenciado, el gerente municipal y otros funcionarios, dispusieron que el dinero asignado a la modernización de la municipalidad y otros fines específicos dispusieron al pago de pensiones devengadas a favor de los beneficiarios Violeta Jesús Fernández, César Manuel Martínez Fernández y Almendra Pierina Martínez Fernández, familiares directos del sentenciado.
La participación en el hecho fue materializada con la resolución de alcaldía n° 706-2010, en la que incrementó el presupuesto vía crédito suplementario del presupuesto municipal, el cual finalmente destinó al pago de las pensiones devengadas de su madre y sus hermanos.
PRESCRITO. Consultado a un especialista sobre el tema, dijo que en la vía penal ya no podría exigirse el pago de la reparación civil, porque, la sentencia de tres años con ejecución suspendida es del 2018 y ya pasaron más de 4 años, por lo que ya no pagarán, y en su opinión el caso ya habría prescrito. Dijo que es responsabilidad del Ministerio Público y procuraduría pública, porque no han cumplido con hacer seguimiento.
ALGO +
Al igual que Sergio Martínez, David Vilca Rodríguez, Yonel Jauregui Dextre y Robert Cámara Mayz están inhabilitados para ocupar cargos públicos.
