La adquisición y distribución de alimentos y productos a los trabajadores y funcionarios de la Dirección Regional de Educación (DRE) Huánuco, durante los años 2020, 2021 y 2022 se efectuaron al margen de la normativa presupuestaria y de ejecución del gasto público, según un informe del Órgano de Control Institucional notificado a la dirección de la institución el 24 de octubre 2023.
El informe señala que servidores y funcionarios de la entidad, en los periodos 2020, 2021 y 2022, tramitaron y autorizaron la compra de alimentos y productos para ser distribuidos a través de vales, inobservando las normas presupuestarias y de ejecución del gasto público; lo que afectó los recursos de la entidad por 109,492.16 soles y las intervenciones priorizadas por el Ministerio de Educación, así como los bienes, servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura.
Detalla que en el año 2 020, gastaron 21 660 soles en 76 vales de consumo y también 120 bolsas de alimentos (un panetón, dos latas de leche, dos chocolates y una botella de vino), para funcionarios de la sede, personal CAS y de programas presupuestales.
En el 2021, ejecutaron la suma de 26 632.16 soles para 100 canastas de alimentos, para funcionarios de la sede, personal CAS y de programas presupuestales. Y en el 2 022, por la suma de 61 200 soles, para 130 canastas de alimentos y 120 pavos de 8 Kg. para funcionarios de la sede, personal CAS y de programas presupuestales, y 7 productos más destinados a las 20 oficinas de la DRE.
La entrega de los vales de consumo, no se encontraban regulados en ningún pacto colectivo suscrito entre los trabajadores y la entidad. Alegaron que es una costumbre institucional, pero el ÓCI de la DRE Huánuco aclara que ello no está regulado por ninguna norma legal.
En la parte final del Informe, se recomienda a la institución, realizar las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos observados. Asimismo, al órgano instructor, realizar el procesamiento pertinente y a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República, iniciar la acción civil correspondiente.
Un funcionario de la DRE reconoció que hay responsabilidad administrativa y civil, pero que el pliego Gobierno Regional autorizó tácitamente el uso de los recursos económicos que fueron usados para los trabajadores y funcionarios de la entidad.
