![](https://tudiariohuanuco.pe/wp-content/uploads/2021/09/web-10.jpg)
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, declaró fundado el requerimiento de suspensión inmediata de actividades contaminantes y la medida cautelar de innovar el caudal de la quebrada de Ñausilla que conecta con el río Ñauza, perteneciente al distrito de Conchamarca, provincia de Ambo.
En la inspección policial y fiscal realizada el 14 de junio del presente año, las autoridades constataron que el cauce del río Ñauza o quebrada de Ñausilla fue desviado por los trabajos privados que el empresario Max Faura Padilla hace, por lo que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, dispuso la paralización de todo tipo de trabajos. Pese a la disposición, el llamado ‘Rey de Huánuco’ hizo caso omiso y continuó con los trabajos para hacer una represa y para el cual, no sólo desvió el cause del río, sino que el ojo de agua fue cubierto por tierra dejando sin el líquido elemento a decenas de personas.
Debido que el empresario seguía realizando trabajos para represar el agua, el 10 de setiembre el fiscal Noe García Vera presentó al juzgado de turno una medida cautelar para suspender los trabajos y que restituya el cauce del río a su estado normal, pedido que fue declarado fundado por el juez Víctor Guzmán Afán. El cumplimiento de la disposición será supervisado por el Ministerio Público y Autoridad Local del Agua (ALA).
SIGUE EN LO MISMO. Pese que el juzgado ordenó a Faura Padilla volver el río a su cauce normal, el empresario hace caso omiso y las maquinarias siguen trabajando sacando tierra y piedras no sólo atentando contra la naturaleza, sino a las decenas de familias que viven cerca del río.
Ante ello, la Fiscalía en Materia Ambiental programó para el 21 de setiembre una visita para constatar insitu si está cumpliendo con lo dispuesto en la resolución y si no lo está haciendo será denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad.
Algo más
Max Faura Padilla y personal a su cargo (venezolanos) son investigados por la presunta comisión del delito ambiental en la modalidad de alteración del ambiente en agravio del Estado.