DENUNCIA CONTRA DOCENTE HECHA HACE OCHO MESES
La Defensoría del Pueblo emitió ayer una nota informativa para dará conocer que constató el incumplimiento del deber de debida diligencia de las autoridades de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (Unas) por no resolver desde hace más de ocho meses la denuncia por hostigamiento sexual contra el docente Pedro Pablo Peláez Sánchez, tampoco dispusieron como medida preventiva su separación, hecho que ha sido puesto en conocimiento a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
En este contexto, la Defensoría del Pueblo, señala que recordó a las autoridades universitarias de la Unas, que el Estatuto (art. 204° y 205°), siguiendo lo establecido por la Ley Universitaria n° 30220 (art. 89° y 90°), establece que en estos casos, además de adoptarse como medida preventiva la separación del docente a fin de garantizar espacios educativos libres de violencia y discriminación, se debe resolver en un plazo no mayor de 45 días. Por ello, al no resolver estas medidas las autoridades universitarias estarían incurriendo en el delito de omisión de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.
Asimismo, recuerda que la Ley Universitaria (art. 95.7) establece que el docente que realiza conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad y libertad sexual, tipificados como delitos en el Código Penal, puede ser destituido.
La Defensoría refiere que corroboró que el docente está siendo investigado por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. “De igual modo, en el marco de nuestra intervención y en cumplimiento de la Ley n° 30364, el Juzgado de Familia de Leoncio Prado dictó medidas de protección a favor de la víctima”, expresa la nota.
Finalmente, exige a las autoridades de la Unas adoptar las acciones inmediatas para proteger a la víctima, y se resuelva la denuncia en el plazo más inmediato.
