Dos contratos resueltos por constructoras con el Gobierno Regional de Huánuco están en proceso de conciliación

Ayer, Tu Diario, reveló que, el 27 de diciembre 2022, el consorcio Obrainsa – Joca resolvió el contrato que mantenía con el Gobierno Regional Huánuco sobre la ejecución de mejora del Hospital Regional Hermilio Valdizán. Este caso, según el procurador del Gobierno Regional Huánuco, Carlos Nolorve Rojas, está en proceso de conciliación. “Espero que se lleguen a buenos términos”, apuntó.

De acuerdo a la resolución nª 370-2022-GRH/GRI, el Gobierno Regional debía de pagarle a la constructora la suma de S/ 2 738, 439.63, que correspondía a la ejecución de la primera etapa del “Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco – Nivel III”; sin embargo, este pago se les fue negado. El argumento por parte de la gestión de Erasmo Fernández, fue que el pago no procedía, debido a que la liquidación no se encontraba consentida.

Del mismo modo, Nolorve Rojas, informó que está en conciliación la resolución del contrato entre el Gobierno Regional Huánuco y el Consorcio Vial Vía Crucial que tenía a su cargo la construcción de la “Avenida Héroes de Jactay, avenida Circunvalación, tramo Cruz Verde, Loma Blanca, Las Moras y puente Vía Crucis”. En este caso, lo que motivó la resolución fue un presunto incumplimiento de la subsanación de observaciones técnicas determinadas por parte del gobierno regional. Entre las obligaciones esenciales que debieron ser subsanadas está la entrega de la viabilidad del sector Los Ángeles, Tramo 1 Progresiva aprobado mediante resolución por la empresa Seda Huánuco, el cual no fue cumplido por la gerencia de infraestructura y sub gerencia de obras y supervisión.

Por otra parte, el funcionario informó que el órgano de control está verificando si los funcionarios de confianza de Antonio Pulgar cumplen con los principios de mérito, idoneidad y legalidad para el acceso a la función pública. Ello, debido a que, el pasado viernes 27 de enero de 2023, el diario oficial El Peruano publicó la Ley 31676, la cual indica que el Código Penal fue modificado. Por lo que ahora ha incluido un nuevo delito: los peruanos que designen o acepten un cargo público sin cumplir los requisitos de ley podrán ser sancionados.

En esa línea, si alguien incurre en el nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo, será amonestado con una pena privativa de la libertad de hasta 4 años y 100 días de multa en el lugar de trabajo. “Los que terminan teniendo la responsabilidad son quienes asumen el cargo”, dijo Nolorve.