La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco formalizó una denuncia de parte ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Turno, por la presunta comisión del delito de colusión simple y agravada, en agravio del Gobierno Regional de Huánuco (GRH), identificando un supuesto perjuicio al erario público y un riesgo latente para la vida de niños de nivel inicial en el sector de Colpa Baja.
La denuncia, ingresada en la mesa de partes del Ministerio Público con fecha 24 de marzo de 2026, coloca en la mira, entre otros, al actual gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, debido a su participación en las fases iniciales del proyecto de construcción de la institución Educativa Inicial N.° 223, como empresario y contratista del Estado.
Los hechos se remontan al 22 de septiembre de 2015, cuando el Gobierno Regional de Huánuco suscribió el Contrato N.º 238-2015-GRH/GR para la obra «Construcción y equipamiento de la I.E. Inicial N.° 223 de Colpa Baja» por un monto de S/ 919 720.25. El ganador fue el Consorcio Tahuantinsuyo, integrado por las constructoras O&F S.R.L. y Xena S.C.R.L.
El dato clave que fundamenta el caso es que el representante legal de dicho consorcio constructor era, en aquel momento, Antonio Leónidas Pulgar Lucas, quien hoy ejerce las funciones de máxima autoridad del pliego regional.
Según la denuncia, la obra fue recibida de manera «total» el 26 de noviembre de 2017 por el Comité de Recepción del GRH. No obstante, la Procuraduría califica este acto como técnicamente cuestionable, debido a que se firmó el acta a pesar de existir un adicional de obra pendiente (el N.° 02) que buscaba corregir fallas críticas, como el cambio de muros de gaviones por concreto armado en el cerco perimétrico.
Apenas unos años después, las consecuencias saltaron a la vista. En marzo de 2022, la directora de la institución, Nery Taquio Troncos, solicitó formalmente ante la Municipalidad Provincial de Huánuco que la infraestructura educativa fuera declarada inhabitable. Evaluaciones técnicas posteriores de Defensa Civil determinaron de forma contundente el «peligro de colapso» del local de educación Inicial producto de severas grietas, hundimientos en las rampas y erosión acelerada.
El 7 de marzo de 2023, la dirección del plantel remitió un oficio directo al despacho de Antonio Pulgar, ya convertido en gobernador, exigiéndole tomar acciones inmediatas ante el peligro de colapso. Esto, según la tesis de la denuncia, configuró un evidente y potencial conflicto de interés, dado que la autoridad debía exigirle cuentas al consorcio que él mismo representó años atrás.
ADICIONALES. La situación se tornó aún más presuntamente irregular en el año 2024. Ante la negativa o inacción para hacer efectiva la garantía de 7 años por vicios ocultos que obligaba al Consorcio Tahuantinsuyo a reparar los daños, el Gobierno Regional de Huánuco emitió la Resolución Gerencial N° 0224-2024-GRH/GRI. Mediante este documento, la gestión del propio Pulgar Lucas aprobó la ejecución y liquidación de trabajos adicionales por administración directa por un monto de S/ 631 906.92.
Para la Procuraduría, este gasto configura un perjuicio directo, pues el Estado asumió costos millonarios para reparar deficiencias constructivas que por ley le correspondía solucionar al contratista privado.
Asimismo, se detectó que el 1 de agosto de 2024, el Consorcio Tahuantinsuyo presentó una carta «renunciando» de manera voluntaria a un saldo a su favor de S/ 14 756.60. Para la Procuraduría Anticorrupción que preside la abogada Krupskaia Beraún Aguirre, firmante de la denuncia, este inusual desprendimiento económico habría sido una maniobra para intentar dar por «cerrado» administrativamente el expediente contractual y evadir reclamos mayores por los vicios estructurales.
TRANSFERENCIA. Otra presunta irregularidad ocurrió en septiembre de 2024, según el documento, cuando la Gerencia Regional de Infraestructura intentó transferir formalmente el colegio a la Dirección Regional de Educación (DRE) de Huánuco.
Sin embargo, la DRE rechazó de plano la transferencia mediante el Oficio N.º 7031-2024. El informe técnico in situ de la entidad educativa alertó la existencia de «deficiencias técnicas estructurales insalvables» e insistió en que el colegio se encuentra en peligro de colapso inminente, recordando además que la garantía de 7 años del contratista aún seguía plenamente vigente y debía ser ejecutada.
DILIGENCIAS. Ante lo que considera indicios concertados para defraudar patrimonialmente al Estado, la Procuraduría Anticorrupción solicitó formalmente a la Fiscalía el inicio de diligencias preliminares urgentes, que incluyen: verificación fiscal e inspección in situ de las instalaciones de la I.E.I. N° 223 de Colpa Baja con peritos especializados en ingeniería civil para establecer el origen técnico de las fallas; declaraciones obligatorias de los integrantes del Comité de Recepción de la obra del 2017, supervisores, gerentes de infraestructura involucrados y los representantes del consorcio constructor; y auditoría financiera y técnica para delimitar el perjuicio económico real al erario de la región.
