La oficina de la Defensoría del Pueblo en Huánuco realizó una supervisión a 11 comisarías PNP de la región, en relación a la atención de denuncias y ejecución de medidas de protección a víctimas de violencia de género, en el marco del D. L. 1470, aplicable en el estado de emergencia. Identificó problemas que vulneran el derecho de acceso a la justicia y los principios de intervención inmediata y oportuna que debe orientar la actuación de los operadores de justicia.
Durante la visita a las dependencias policiales advirtió que, de enero a mayo de 2021, en las once comisarías supervisadas, ingresaron un total de 1724 denuncias, siendo las comisarías de Familia de Huánuco y la de Amarilis las que concentran el mayor número; les siguen las comisarías de Cayhuayna, Huamalíes, Ambo y Dos de Mayo.
En nueve comisarías no tenían una línea para comunicación de emergencia con la víctima protegida, tres estaban sin Internet, y dos no contaban con el mapa georreferenciado. Además, el 45 % no cuenta con personal femenino en caso las víctimas lo prefieran, tal como lo establece la Ley 30364; y en cinco, los policías no recibieron capacitación sobre dicha ley en los últimos tres años.
Asimismo, ninguna de las comisarías supervisadas entregaba una cartilla sobre los derechos que les asisten, el procedimiento a seguir cuando se denuncia y los servicios de atención que les brinda el Estado de manera gratuita. Tampoco, contaban con un intérprete de lengua de señas, y en cuatro de ellas no tenían rampas de acceso para personas con discapacidad, entre ellas la Comisaría de Familia de Huánuco.
En todas, incumplen el plazo de 24 horas para la derivación de informes policiales al Ministerio Público, en el caso de haber recibido la denuncia el día viernes. Además, solo cinco comisarías comunicaron mediante canales virtuales, que es el medio más célere, las medidas de protección recibidas por parte del Poder Judicial, mientras que seis lo hicieron solo mediante oficios o cédulas de notificación de forma presencial.
Además, las comisarías no registran el tipo de medidas de protección, siendo esto una obligación y necesario para identificar la eficacia de las garantías dictadas por el juez, y aportar recomendaciones en este sentido en los informes policiales que se remiten al juzgado.
“Hemos advertido también que existe desproporcionalidad entre la cantidad de denuncias, las medidas de protección recibidas en las comisarías, y el personal encargado de atenderlas, sobre todo en la Comisaría de Familia de Huánuco y la Comisaría de Amarilis”, señaló Lizbeth Yllanes, jefa de la Defensoría del Pueblo en Huánuco.
Ante esta situación, recomendó a la V Macro Región Policial Huánuco destinar la cantidad necesaria de recursos humanos especializados, logísticos y presupuestales para las secciones de Familia de las comisarías de la región Huánuco, con el objeto de detectar la violencia, atender a las víctimas, protegerlas y restablecer sus derechos.
