Tanto la Procuraduría Anticorrupción de Huánuco, como el denunciante Roberto Quispe Alegría, apelaron la decisión de la fiscal adjunta especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Reyna Eliana More Chumacero, quien por segunda vez dispuso no formalizar ni continuar investigación preparatoria sobre presuntas irregularidades técnicas y de manejo presupuestal en la construcción (alteración) de una represa en la laguna de Estanco en el distrito de Tomay Kichwa.
Los principales denunciados en el caso, son los ex alcaldes del referido distrito: Moisés Trujillo Herrera y Sandro Garay Lara, además del ex jefe zonal de Agro Rural Huánuco, Eduardo Málaga Valverde.
La obra que en el 2016 fue observada por un inspector de la Sub Gerencia de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Huánuco, recomendando investigar a los responsables que modificaron el muro de la represa y demoler la estructura empalmada; formó parte de un proyecto de represas de las lagunas Estanco y Cushuro y la construcción de diez canales de riego con una inversión de más de 24 millones de soles.
Obra sobre obra
Según Luis Ferrer, en 1997 cuando estaba como alcalde de Tomay Kichwa, gestionó un proyecto de represamiento de la laguna de Estanco, lo que fue ejecutado en el año 2000 con una inversión de 68 mil soles. Esta obra era de 4.70 metros de altura con 25 centímetros de corona, una zapata de 70 centímetros altura y 3.50 metros de base, que estaba funcionando de manera correcta.
Cuando ingresó a la alcaldía Sandro Garay Lara (2011-2014), gestó el proyecto para represar las lagunas de Estanco y Cushuro y construir diez canales con inversión de Agro Rural, cuya ejecución estuvo a cargo del Consorcio Presas y Canales, el mismo que dejó inconclusa. Estanco y parte de algunos canales no fueron acabados, Agro Rural intervino por administración directa.
En el caso de Estanco, el expediente señalaba levantar un muro de 9.80 metros de altura por 30 de ancho, pese a que ya había una represa que satisfacía las necesidades de la población.
Según el denunciante, Roberto Quispe Alegría, el Programa Especial Alto Huallaga observó dicho proyecto. “El denunciado (Sandro Garay) tenía una obsesión por la construcción de esa represa”, señala en el documento de apelación.
Ya en la gestión de Moisés Trujillo (2015-2018), el proyecto es concluido, pero no como fue planeado, sino alterando la represa que había. Para ello, según Quispe Alegría, tanto el burgomaestre como Málaga Valverde, mintieron a la dirección ejecutiva central de Agro Rural, al señalar que la base de la represa existente tenía un ancho de un metro cuando en realidad tiene 50 centímetros; es así que agregan 1.50 metros de altura de muro.
“Se vieron en el afán de hacer cualquier mamarracho de obra, empalmaron la obra y eso significa un peligro, gastaron 600 mil soles para agregar la altura”, comentó Luis Ferrer.
El en documento de apelación, Quispe Alegría, resalta que en la carpeta fiscal hay un acta propiciada por la Contraloría, en el que se revela que el ex alcalde Sandro Garay fue subcontratista de la ejecutora Presas y Canales.
Observación de Defensa Civil
En octubre del 2016, cuando la alteración de la represa ya estaba ejecutada, a petición de los denunciantes, el inspector de la Sub Gerencia de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Huánuco, Jhon Pedraza Zapata, hizo un informe, concluyendo que “un muro de contención no debe ser empalmada a otra estructura, ni mucho menos picada en ninguna de sus partes, ya que eso llevaría a su debilitamiento; por lo tanto, la estructura encontrada fallará inevitablemente ya que no es apta para dicha función (represa)”.
Además, señala que la estructura difiere mucho de lo planteado en el expediente técnico. Por tanto, recomendó investigar las responsabilidades, y entre otros, demoler la estructura y realizar el proyecto para que agua fluya de manera que no afecte a la población.
“Defensa civil de la municipalidad de Huánuco hizo un informe señalando que el muro está mal construido, por lo tanto, es un peligro para Tomayquichua y la población de los márgenes del río Huallaga”, manifestó Luis Ferrer, al tiempo de indicar que hay filtraciones en varias partes y fisuras en el aliviadero.
Decisión apelada
Mediante Disposición Fiscal n° 07 del 30 de octubre 2020, la fiscal More Chumacero, archivó el caso por segunda vez, ya que en el 2017 hizo lo mismo. Según los denunciantes, la magistrada no hizo ninguna investigación y volvió a cerrar la investigación.
La procuradora Anticorrupción, Krupskaia Beraún, solicitó elevar los actuados a la fiscalía superior para proceder a la ampliación de las diligencias en contra de Moisés Trujillo Herrera y otros, toda vez que la referida fiscal no habría realizado lo necesario para conocer, por ejemplo, que la construcción sobre una represa ya existente no tiene autorización; tampoco indagó sobre la viabilidad para ejecutar el presupuesto final de S/ 407,447 (costo directo); si se reformuló o no el expediente; ni se explica las razones por qué Agro Rural resolvió el contrato con el Consorcio Presa y Canales y en qué porcentaje de avance dejó; así como, si contaron con autorización de la Autoridad Nacional del Agua.
Según Quispe Alegría, quien también solicitó el 12 de este mes, ante la fiscalía superior anticorrupción anular el archivamiento; es falso que la obra contó con autorización del ANA. Cuestiona, por qué la fiscal no llamó a declarar a los miembros del comité de selección que fue sorprendido por la empresa ganadora Presas y Canales al presentar su propuesta técnica con la firma de un ingeniero que nunca trabajo para dicho proyecto.
Señala que la fiscal tampoco indagó qué penalidades aplicó Agro Rural a Presa y Canales por incumplir el contrato, o cómo es que aceptaron la carta fianza de una financiera quebrada; y a quien fue entregada la obra de la represa de la lagua de Estanco; entre otras interrogantes.
