En un nuevo informe emitido el 11 de noviembre 2022, la Contraloría General de la República observó la adjudicación dos licitaciones públicas de proyectos de inversión en el distrito de Quisqui, provincia de Huánuco, a la empresa del hermano del juez superior de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, César Gonzáles Aguirre; pese a que la Ley de Contrataciones del Estado lo prohíbe.
“La Municipalidad Distrital de Quisqui contrató a proveedor impedido de contratar con el Estado, en el procedimiento de adjudicación simplificada n° 2-2021-MDQ-K/CS-1 y la Licitación Pública n.° 001-2021-MDQ-K/CS; afectando los principios de legalidad e integridad con que deben llevarse a cabo los procedimientos de contratación pública”, señala el informe del órgano de control.
LICITACIONES. El 7 de setiembre de 2021, la municipalidad de Quisqui convocó el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 002-2021-MDQ-K/CS-1 para la ejecución de la obra: «Mejoramiento y ampliación de servicios de transitabilidad de Rosapampa – Huamally en la localidad de Rosapampa», otorgando la buena pro al Consorcio Rosapampa, por S/650 200,85.
El referido consorcio, cuyo representante común es Jerry Lenz Reyes Credo; está conformado por: RC Constructora y Consultora E.l.R.L y la Constructora San Martín de Porras S.R.L., cuyo representante es Jorge Luis Gonzales Aguirre, hermano del referido magistrado.
Luego, el 15 de noviembre de 2021, la misma municipalidad convocó la Licitación
Pública n.° 001-2021-MDQ-K/CS-1 para la: «Creación del sistema de
riego de Pajchaj – Ashash en San Pedro de Cani», otorgando la buena pro a la empresa Constructora San Mariin de Porras S.R.L. por el monto de S/4 538 864,70.
PROHIBICIÓN. En las ofertas técnicas, tanto del Consorcio Rosapampa como de la Constructora San Martín de Porras, adjuntan declaración jurada de no tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado.
Sin embargo, la Ley de Contrataciones del Estado regula una serie de impedimentos para ser postor y/o contratista. Entre ellos, señala que están impedidos los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los jueces de las cortes superiores de justicia, en el ámbito de competencia territorial.
“[…] siendo así, al ser el señor César Orlando Gonzales Aguirre, juez superior titular de la
Corte Superior de Justicia de Huánuco y cuyo ejercicio de funciones abarca al distrito judicial de Huánuco, el cual comprende a las distintas provincias de la región, entre ellas, la provincia de Huánuco; todos sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad se encontraban impedidos de ser postores, contratistas y/o subcontratistas en las entidades que componen las provincias del Distrito Judicial de Huánuco”, refiere el informe del órgano de control.;
TAMBIÉN SE ADJUDICÓ PROYECTO DE S/ 33 MILLONES EN UMARI
Formando parte de un consorcio, la Constructora San Martín de Porras S.R.L. de Jorge Luis Gonzales Aguirre, también se adjudicó en el distrito de Umari, provincia de Pachitea, la ejecución de la “Instalación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura e implementación de la institución educativa La Punta” por un monto de S/ 33’678,706.98.
El caso fue materia de denuncia por parte del ciudadano Raúl Oviedo, quien mediante una carta dirigida al alcalde Camilo Cueva Medina, el 21 de noviembre del 2022, hizo las observaciones del caso, resaltando que por la prohibición que señala la ley no debe concretarse el contrato y consecuentemente declararse desierta la licitación.
Según el documento, la municipalidad distrital de Umari, el 3 de octubre de 2022, convocó la Licitación Pública nº 001-2022- MDLM/CS. El 11 de noviembre de 2022, el Consorcio Santo Toribio de La Punta, único postor, presentó su oferta a fin que estas sea evaluadas por el comité de selección.
El referido consorcio está integrada por la Constructora San Martín de Porras SCRL representado por Jorge Luis Gonzales Aguirre, y Corporación Lusac E.I.R.L. representado por Ludy Tafur Martel.
Resalta, igualmente, que la Ley nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento regula una serie de impedimentos para ser postor, contratista y/o subcontratista.
Entre ellos, que están impedidos los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los jueces de las cortes superiores de justicia, en el ámbito de competencia territorial. Jorge Gonzales Aguirre es hermano del juez superior César Goznales Aguirre.
“Por lo tanto y lo sustentado el postor con la buena pro y consentida de fecha 14/11/2022 del procedimiento de selección Licitación Pública nº001-2022-MDU/CS-1, para la contratación de ejecución de la obra: Instalación, ampliación y mejoramiento de la infraestructura e implementación de la institución educativa La Punta, (Consorcio Santo Toribio de La Punta), no puede suscribir contrato con la Municipalidad Distrital de Umari, en consecuencia pierde la buena pro, y se solicita su posterior declaración desierto el procedimiento de selección por ser el único postor que presentó su oferta”, manifiesta el documento.
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