
La Contraloría General de la República informó que en el marco del plan de control integral a la emergencia sanitaria Covid-19, recomendó a la Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco, adoptar las acciones correctivas y preventivas para superar los riesgos advertidos en la adquisición de oxígeno medicinal para los pacientes de los establecimientos de salud de la región Huánuco.
Según el Informe de Orientación de Oficio n° 020-2020-OCI/0691-SOO emitido el 18 de diciembre del 2020 y publicado el 29 del mismo mes, los responsables de las contrataciones de la entidad otorgaron la buena pro a la empresa O2 San Martín SAC de la ciudad de Tarapoto, para la compra de 51 107 metros cúbicos de oxígeno medicinal, por un monto de S/ 476 828.31, pese a que no cumplía con los requisitos mínimos como autorización sanitaria de funcionamiento y certificado de buenas prácticas de almacenamiento.
En este caso, la Dirección Regional de Salud Huánuco contravino la normativa de contrataciones, afectando la legalidad de las actuaciones ante el estado de emergencia sanitaria por el brote del Covid-19.
El documento hace referencia que el requerimiento y adquisición fue realizada cuando estaba como director de Salud, el médico Fernando Ramos Maguiña y como directora ejecutiva de administración de la Diresa, la actual gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Huánuco, Dery Dianderas Castro.
Además, indica que la comisión de control evidenció que el órgano encargado de las contrataciones, otorgó una ampliación de plazo al proveedor sin contar con un sustento documentado, afectando la oportuna adquisición del producto farmacéutico.
Asimismo, advirtió que la entidad no formuló adecuadamente el requerimiento para la adquisición de oxígeno medicinal, debido a que no contaba con balones o un tanque de almacenamiento (propio o brindado por el proveedor) ni espacio físico para su almacenamiento, lo cual puso en riesgo la necesidad pública en la región.
Otro hecho observado fue que el bien adquirido por la Diresa Huánuco aún no habría sido sometido a las pruebas necesarias para verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales. Esta situación generaría el riesgo de afectar la salud pública de los pacientes.
El informe elaborado por el Órgano de Control Institucional de la entidad en mención, que comprende el período del 2 de julio al 20 de noviembre del 2020, se encuentra publicado en el portal institucional www.contraloria.gob.pe.