La Contraloría General de la República ha revelado serias deficiencias en el servicio de Seguridad Ciudadana de las municipalidades de Ambo, Pachitea, Pillco Marca, Puerto Inca y Santa María del Valle. Los hallazgos fueron reportados en cinco informes del Órgano de Control Institucional (OCI) de cada jurisdicción y publicados recientemente en la página web de la entidad.
Uno de los problemas recurrentes detectados es la ausencia de equipamiento de protección para los agentes de serenazgo. En localidades como Puerto Inca y Santa María del Valle, los serenos no cuentan con elementos esenciales como chalecos antibalas, cascos y rodilleras, lo que compromete su seguridad durante las intervenciones.
Además, en estas y otras municipalidades intervenidas no existen centros de capacitación adecuados para los agentes, lo que afecta la calidad del servicio y la capacidad de respuesta ante emergencias.
Otra preocupación es la falta de sistemas de videovigilancia y monitoreo. En Pachitea, por ejemplo, no hay cámaras de seguridad operativas, lo que dificulta la identificación y prevención de delitos. En Ambo, cinco cámaras de vigilancia están inoperativas, y el sistema no está interconectado con otras entidades, lo que limita la respuesta coordinada ante situaciones de emergencia.
Asimismo, en Santa María del Valle, las grabaciones de seguridad solo se almacenan durante 29 días, incumpliendo el plazo mínimo de 45 días establecido por la normativa.
El informe también señala que algunas municipalidades, como Pillco Marca y Santa María del Valle, no cuentan con un Plan Específico de Seguridad Ciudadana para 2025. Esta omisión afecta la planificación y ejecución de estrategias para la protección de la ciudadanía, dificultando la coordinación con otras municipalidades y entidades gubernamentales.
Las deficiencias encontradas en estas municipalidades exponen a la población a un alto riesgo frente a la delincuencia. La falta de equipos de protección, videovigilancia y planificación adecuada compromete la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta de los gobiernos locales ante hechos delictivos.
Estos informes de la Contraloría General de la República ponen en evidencia la urgente necesidad de mejoras en el sistema de seguridad ciudadana, así como una mayor fiscalización y compromiso de las autoridades para garantizar la protección de los ciudadanos en sus respectivas jurisdicciones.
