Desde el 2004 los predios están en proceso judicial entre la familia de la ex congresista María Luisa Cuculiza y la Dirección Regional de Agricultura
En la última semana, pobladores de la asociación de Libertadores de Pichipampa Grande y Asociación de Viviendas Pillco Mozo salieron a las calles para pedir al Ministerio Público agilizar las denuncias por la presunta comisión del delito de banda criminal que estaría integrada por los excombatientes del Cenepa.
Esta última asociación, entre las que estaba Ángel Andrés Díaz Ponce, salieron a denunciar a los dirigentes entre ellos a la señora Maribel Jara Ventura y Donato Vilca Espinoza a quienes acusaron de estar traficando con los terrenos que la ex alcaldesa de Huánuco, Luzmila Templo Condezo donó a su asociación.
Mientras los ex soldados aducen ser propietarios de 242 hectáreas, los pobladores y dirigentes de las asociaciones indican que según el acuerdo de concejo 032 del 29 de setiembre de 1997 les entregaron 354 lotes y en la actualidad no están siendo respetados, porque algunos de los ex combatientes habrían vendido sus predios (lotes) para luego invadir terrenos colindantes. Maribel Jara, dijo que ellos son posesionarios de los terrenos desde el 2000, pero no pueden vender ningún espacio, porque las 242 hectáreas están en litigio judicial entre María Cuculiza y la Dirección Regional de Agricultura representado por el Estado.
En una rueda de prensa ambos dirigentes negaron ser traficantes de terrenos y mostraron las denuncias por organización criminal que tienen los excombatientes del Cenepa.
Según la disposición n° 6 emitida el 2 de febrero del 2022, el fiscal José Luis Chirinos Ñasco de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, dispone formular investigación preparatoria contra Leoncio Germán Pajuelo Caqui, Carlos Enrique Suárez Mendoza, Ángel Andrés Díaz Ponce, Hugo Vidal Alva Rafaelo y Wilden Papas Tarazona por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de banda criminal, así como el delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada en agravio de Consuela Revolledo Viviano y otros.
En el fundamento explica que Consuela en adelante considerada agraviada, es posesionaria de un terreno ubicado en el poblado de Marabamba, lugar denominado Pichipampa Grande desde el 2008, la misma que cuenta con una constancia de posesión, pero estaba descampado y no tenía cerco perimétrico, razón por el cual el 6 de octubre del 2020, la agraviada acudió a ver su terreno y encontró a un promedio de 70 personas que habían tomado posesión de sus predios, ante ello llamó a la policía para denunciar un presunto delito de usurpación.
Cuando el contingente policial llegó al lugar de la invasión Germán Pajuelo Caqui en su calidad de presidente de la Asociación “Héroes del Cenepa”, dijo que dicha área era de su asociación y presentaría documentos que acreditan lo dicho. La invasión realizada al espacio de Revolledo Viviano fue confirmada por la declaración del testigo clave n° 012021rezalizada el 24 de marzo del 2021 en la sede de la fiscalía, donde detalló paso a paso como Pajuelo Caqui, Carlos Suárez Mendoza y habrían planificado la invasión con el pretexto de haber servido a su patria.
Entre los 22 elementos de convicción tomados en cuenta por el fiscal, está el acta de inspección fiscal realizada 18 de diciembre del 2020, donde la representante del Ministerio Público dejó constancia que la persona de Antonio Calderón Villa conocido como “Zancudo”, es quien azuzó a las personas a realizar actos de violencia en contra de los que participaban en la diligencia. Culminado la investigación preparatoria, está pendiente la acusación fiscal contra las cinco personas, integrantes de la asociación “Héroes del Cenepa”.
En el expediente n° 00133-2021, el juez Humberto Rosazza Berrospi del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria mediante resolución n° 01 del 2 de octubre del 2022 señaló fecha para la audiencia de acusación fiscal contra el investigado Hugo Vidal Alva Rafaelo a realizarse el 21 de diciembre del presente año a las 3:30 de la tarde. En este caso, la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco está solicitando cinco años de cárcel para Alva Rafaelo como presunto autor del delito de usurpación agravada en agravio de Alfredo Ponciano Santillán.
Según la acusación fiscal, el miembro de la asociación de ex combatientes del Cenepa, el 5 de noviembre del 2020 junto a otras personas y maquinaria pesada ingresó violentamente a la parcela 89-90 ubicado en el caserío de Lo Libertadores de Pichipampa Alta, poblado de Marabamba predio que era posesionado por Ponciano Santillán para aplanar y ante ello, el agraviado procedió a poner cerco, pero el 13 de noviembre el héroe del Cenepa volvió a ingresar para destruir el cerco.
Pese que el área era habitada por el ahora agraviado, Hugo Vidal construyó una habitación de material noble, hecho que fue constatado por agentes de Seguridad del Estado en la diligencia de inspección técnico policial.
EXCOMBATIENES. Luis Romero, excombatiente del Cenepa, mencionó que ellos no son invasores de los terrenos en Pichipamapa; y que por el contrario son dueños, ya que les fueron entregados por la exalcaldesa Luzmila Templo, mediante una minuta y en ceremonia en la plaza de armas el año 1997.
Recordó que a cada uno les entrego desde 150 metros en zona plana y 200 metros en las laderas, haciendo un total de 236 hectáreas de terreno, que incluye espacios para plaza, mercado y otras áreas públicas.
Romero, además, mencionó que luego, fue el alcalde Eduardo Miraval, quien oficializó la entrega mediante documentos en el notario Espinoza, por lo que cada beneficiario tiene su escritura pública.
ALGO +
Ambos dirigentes culparon al alcalde del poblado de Marabamba, Antonio Flores Rivera de entregar certificados de posesión a diestra y siniestra permitiendo las invasiones que desde el 2020 aumentó.
