El Primer Juzgado Unipersonal de Huánuco que atiende Mitzy Mazzini Ojeda, emitió sentencia condenatoria contra un grupo de funcionarios de la Dirección Regional de Educación, como autores del delito de colusión en agravio del Estado. Le impuso tres años de pena privativa de libertad suspendida, bajo la imposición de reglas de conducta.
Se trata Marcos Celso Panduro Rivera, Lucy Nima Sánchez Andrade, Lily Isabel Ramírez Ramos y William Hamilton Lucas Magino; a quienes además les impuso inhabilitación por el término de dos años; con lo que no podrán obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Y deben pagar en forma solidaria una reparación civil de 10 mil soles.
La reglas de conducta dispuestas es que no pueden ausentarse de su residencia sin autorización del juez, comunicar en caso varíe su domicilio, no volver a cometer nuevo delito doloso o culposo, comparecer obligatoriamente al juzgado cada treinta días y pagar la reparación civil dentro del plazo de 60 días. Su incumplimiento significa revocar la condicionalidad de la pena.
CASO. El hecho viene del 2012, relacionado a la adquisición de 84 casacas impermiables para el personal de la sede regional de Educación cuando Panduro Rivera se desempeñaba como jefe de almacén, Sánchez Andrade era jefe de Contabilidad, Ramírez Ramos jefe de tesorería y Lucas Magino en gestión administrativa.
La compra fue por 10 mil 920 soles a razón de 130 soles cada una. El proceso que inicio con el requerimiento del área de Bienestar Social, estuvo lleno de irregularidades.
La acusación fiscal también incluyó al jefe de abastecimiento, Robin Justo Soto, quien participó directamente en la compra a la empresa G&C de propiedad de Edgar Gamarra Rodríguez; pero no aparece entre los sentenciados.
Las irregularidades halladas es que hubo favorecimiento a la empresa proveedora, ingresaron las prendas con características técnicas diferentes a las requeridas; concertaron un bien patrimonial ascendente al 20% de la suma total adjudicada en un aproximado de 2 mil soles.
ALGO MAS
La lectura íntegra del fallo emitido el 1 de junio de este año, será realizada el 13 de este mes, tal como lo dispuso la magistrada Mazzini Ojeda. Una vez notificados, los sentenciados tiene derecho a la apelación en el plazo establecido
