Desde ayer en la tarde, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas está en Huánuco. Tras pisar suelo huanuqueño, la fiscal se trasladó hasta la zona de Kotosh, donde en compañía de los fiscales superiores del Distrito Fiscal de Huánuco, inauguró el local denominado “La casa de acogida”.
La llegada de Benavides Vargas, quien en televisión abierta informó sobre la denuncia constitucional realizada al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, estaba pasando desapercibida, hasta que la página de Facebook de la Fiscalía de la Nación, informó que estaba en Huánuco participando de la inauguración de la casa que ‘permitirá atender de forma adecuada a las víctimas de trata de personas, violencia familiar y sexual, mientras se realizan las primeras diligencias fiscales’.
Asimismo, indica que la casa de acogida fue construida en un terreno donado, utilizando material reciclable y sin causar mayor gasto presupuestal al Estado, sin embargo, fuentes del Ministerio Público, informaron que el terreno que pertenecería a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán no estaría saneado legalmente.
Entre tanto, para hoy tiene programado una reunión con todos los fiscales superiores de Huánuco. El encuentro será en la sede central, ubicado en la cuadra 11 del jirón Dos de Mayo.
CASOS PENDIENTES. La fiscal de la Nación que denunció al mismísimo presidente de la República, acaso conoce que la administradora del Distrito Fiscal de Huánuco, Jessica Rodríguez Gonzáles, tiene un proceso por abuso de autoridad y el inicio de juicio oral está programado para abril del 2023. La Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco, está solicitando tres años de cárcel para Rodríguez Gonzáles por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad en el caso 65-2020.
Otro caso que la fiscal Patricia Benavides debería conocer es que el fiscal de Familia, Misael Ticse Vilcahuaman, fue detenido el 25 de setiembre el 2021 por policías de la comisaria de Huánuco conduciendo una motocicleta en estado de ebriedad; otra fiscal que merece ser nombrada en la siguiente nota es la abogada Fiorela Reyes Bravo, quien pese a su negligencia fue cambiada de Ambo a Llata, pero hasta la fecha no existe ninguna sanción por parte de Control Interno.
Dicha abogada, en marzo del presente año omitiendo sus funciones dispuso a la policía entregar el cadáver de un niño de un año y siete meses de nacido que fue envenenado por su propia madre. El caso salió a la luz días después, el cuerpo del pequeño fue exhumado y al ser sometido a necropsia el médico legista determinó que la causa de muerte fue intoxicación por órgano fosforado.
Así como este caso existen muchos, sólo que no son públicos y en adelante, debería pasar un filtro a los postulantes para que los cargos sean ocupados por profesionales probos para una correcta administración de justicia.
