La Contraloría General de la República emitió un informe en el que advierte que la Dirección Regional de Salud (Diresa) otorgó irregularmente bonificaciones extraordinarias de 720 soles mensuales al personal que realizó trabajos exclusivamente administrativos, cuando ese beneficio solo le correspondía al personal de Salud que brindó servicio presencial y efectivo de alerta y respuesta a pacientes de Covid-19, durante la emergencia sanitaria.
Según el órgano de control, estos pagos ocasionaron un perjuicio a la entidad por un total de S/ 473 301 62.
Por esta presunta irregularidad, la Contraloría halló presunta responsabilidad penal y administrativa en nueve funcionarios de la Diresa, quienes desde abril de 2020 hasta febrero de 2021 tramitaron y pagaron de manera ilegal las bonificaciones extraordinarias. En varios casos esta bonificación fue entregada a técnicos, auxiliares y profesionales que cumplían trabajos administrativos y no realizaban trabajos de atención en áreas de Covid-19.
El documento precisa que el Decreto Supremo n° 184-2020-EF dispuso que esta bonificación extraordinaria sea para el personal que preste servicio en unidades de cuidado intensivo, hospitalización, vigilancia epidemiológica, identificación clínica y diagnóstico de casos confirmados de Covid-19. Así mismo en gestión y manejo de residuos biocontaminados, aquellos que realizaban visitas domiciliarias, seguimiento de casos positivos, manejo prehospitalario y traslado de casos positivo con complicaciones.
La norma excluía al personal de Salud que ocupaba cargos de confianza o directivo, los que realizan actividades de carácter administrativo y los que cumplían exclusivamente trabajo remoto. Sin embrago, durante once meses aprobaron listas en las que incluyeron a trabajadores que no cumplían con los criterios para recibir la bonificación extraordinaria de 720 soles mensuales.
OTROS CASOS. Otro hecho similar advirtió en la Red de Salud de Dos de Mayo, donde también otorgaron bonificaciones extraordinarias al personal administrativo en los meses de mayo a agosto de 2020.
En este caso, la Contraloría identificó la responsabilidad civil y administrativa en siete funcionarios, quienes sin verificar los criterios y procedimientos establecidos en la norma ocasionaron un perjuicio económico a la institución por un total de S/ 69 840.
En la Red de Salud de Puerto Inca, el personal administrativo que no realizó servicio presencial y cuyas labores no se ajustan a los criterios establecidos en la norma, igualmente recibieron las mismas bonificaciones extraordinarias durante los meses de julio y agosto del 2020 por un monto total ascendente a S/ 30 960.
En las tres entidades de Salud de la región Huánuco se causó un perjuicio económico por más de medio millón de soles por el pago irregular de bonificaciones extraordinarias.
