El viernes, la Organización Regional de Aidesep-Ucayali (ORAU), mediante un documento dirigido al ministro de Justicia, Eduardo Ernesto Vega Luna, solicitó que su región y la provincia de Puerto Inca, en Huánuco, sean declaradas en emergencia no solo por la pandemia, sino también por la indiferencia de la autoridades locales frente al impune tráfico de tierras, de madera y de droga.
El líder asháninka y presidente de la Organización Regional de Aidesep-Ucayali (ORAU), Berlín Díques Ríos, señaló que viven en una inseguridad jurídica por la decidía de las autoridades locales. Piden urgente titulación y georreferenciación de las comunidades nativas, debido a que, han aparecido falsos colonos y falsos para invadir sus territorios.
Esta organización denunció también el asesinato del líder indígena Herasmo García Grau (28), de la comunidad Sinchi Roca. Berlín Díques dijo que la muerte del dirigente se produjo «porque estamos abandonados y a merced del narcotráfico, madereros ilegales e invasores de tierra».
La muerte de Herasmo García se suma a los asesinatos de los defensores ambientales Arbildo Meléndez en Huánuco (abril 2020), Gonzalo Pío Flores en Junín (mayo 2020), Lorenzo Wampagkit en Amazonas (julio 2020) y Roberto Carlos Pacheco en Madre de Dios (set 2020).
A su vez, Disques Ríos hizo un llamado a las comunidades indígenas a ejercer sus mecanismos de autodefensa, y responsabilizó al Estado de cualquier crisis que se genere, de no ejercer autoridad sobre los criminales que buscan apoderarse de la amazonia.
Si el Gobierno Central declarará la emergencia para Ucayali y Huánuco por el narcotráfico y los otros ilícitos, se fortalecería el control de insumos químicos que se usan para la producción y habría más operativos.
