Un grupo de maestros del Sindicato Único de Trabajadores de Educación Regional (Suter) Huánuco que encabeza Yim Collazos, salió a las calles a protestar contra el Ministerio de Educación que emitió la Resolución n° 326, que motiva que instituciones sin fines de lucro tengan la posibilidad de administrar las instituciones educativas del Estado.
Los manifestantes sostienen que la referida norma está invitando a las diferentes instituciones sin fines de lucro para que inviertan en educación. “Que empresa privada va invertir para no ganar”, se preguntaron.
Los maestros en muchos casos sin guardar el distanciamiento social para evitar los contagios y con mascarillas, mostraron su desacuerdo a las ultimas disposiciones del gobierno en el frontis del Gobierno Regional de Huánuco donde realizaron un plantón.
La secretaria de organización del Suter, Gladis Jara Domínguez, consideró que la polémica resolución es un paso a la privatización de la educación en el país. “La educación debe ser gratuita como manda la Constitución; qué raro, justo durante el estado de emergencia sale esta resolución a espaldas del pueblo”, dijo.
NORMA TÉCNICA
El director regional de Educación, Rosendo Serna Román, se pone de lado de garantizar la gratuidad de la enseñanza que dice la Constitución y se mostró en contra de un trato diferenciado de parte del Estado a la educación, aunque dijo esperar la norma técnica para conocer los alcances de esta resolución.
Consideró impertinente la emisión de la norma emitida durante la emergencia sanitaria; aunque reveló que dicha resolución iba emitirse hace dos años, pero se detuvo ante la huelga magisterial enarbolada por Pedro Castillo.
Serna dijo que en Huánuco no hay ninguna institución que tenga ese carácter de sin fines de lucro o que este administrando o pueda administrar instituciones educativas. “Por ejemplo, todas las parroquiales funcionan en base a convenio, cobran pensiones; el Estado les financia docentes, en algunos casos la totalidad, razón por la cual esa norma debe pasar por una discusión técnica y política”, dijo.
El funcionario espera que el Minedu convoque a los directores regionales de educación para analizar el tema y dar su punto de vista. “Hay que ver la norma técnica, debe estar adecuada a la realidad y omita aportes a los padres de familia, garantizando la gratuidad de la enseñanza”, sostuvo.
Serna Román, se comprometió a generar espacios de debates de manera virtual para analizar la polémica resolución que ha despertado el interés de padres y maestros.
DESDE EL MINEDU
Sobre el tema, el Ministerio de Educación, refiere que los convenios para la gestión de instituciones educativas públicas a cargo de entidades sin fines de lucro, es realizado desde 1980; y que desde el 2003, la Ley General de Educación, establece que uno de los tipos de gestión son las instituciones educativas públicas de gestión privada por convenio.
El Minedu indica que la Resolución Ministerial n° 326-2020 regula lo estipulado en el literal B del artículo 71 de la Ley General de Educación y el literal B del artículo 130 de su reglamento, sobre los criterios para suscribir estos convenios, con el fin de garantizar la mejora en los aprendizajes, el acceso, permanencia y culminación oportuna de la educación básica de los estudiantes de colegios públicos a cargo de entidades sin fines de lucro.
La directora general de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu, Mariella Zapata, recalcó que esta norma no busca privatizar la educación y que su propósito es regular los procedimientos de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación.
La funcionaria también señaló que la norma obliga a las entidades sin fines de lucro a presentar un plan en el que especifiquen los objetivos de la gestión, un análisis costo-beneficio o costo-efectividad, compromisos que asumirán, cronograma de actividades y resultados que se esperan alcanzar. Si incumplen, el convenio puede ser resuelto.
Mariella Zapata dijo que la Resolución Ministerial n° 326-2020 no regula ni cambia las condiciones laborales de los docentes, que no se verán afectadas por la norma, y que el proceso de contratación es en base a la norma del sector educación.
