El Ejecutivo puso en marcha una ofensiva para recuperar el principio de autoridad en el sistema penitenciario del país. Tras una visita de inspección al establecimiento penitenciario “El Milagro” de Trujillo —escenario de un reciente enfrentamiento entre reclusos—, la presidenta Keiko Fujimori, anunció reordenamiento y reclasificación de la población penal a nivel nacional, advirtiendo que cualquier intento de alterar el orden público carcelario acarreará consecuencias severas.
Durante su recorrido, la mandataria fue enfática al señalar que las medidas de seguridad no darán marcha atrás, pese a las incomodidades que generen en las facciones delictivas. Como respuesta inmediata a la reyerta registrada en el penal trujillano, se ejecutaron traslados de los líderes de las organizaciones criminales al penal de máxima seguridad de Challapalca.
“Habrá una reclasificación y los delincuentes más peligrosos, los asesinos, serán trasladados a Challapalca”, remarcó la jefa de Estado, quien estuvo acompañada por el primer ministro, Luis Galarreta, y miembros de su gabinete. Asimismo, advirtió que cualquier reyerta futura implicará el traslado inmediato a recintos carcelarios más alejados.
En esa línea, el Ejecutivo confirmó la renovación de direcciones en diversos penales del país, incluyendo la designación de un nuevo director en El Milagro, asegurando que toda denuncia será investigada sin que ello detenga el objetivo principal: erradicar la delincuencia desde las prisiones.
Como parte de la política de reestructuración inspirada en experiencias internacionales —tras su reciente visita oficial a El Salvador—, el Gobierno impulsará el programa “Cero Ocio”. La iniciativa contempla la ampliación de talleres productivos orientados a generar un impacto fructífero, fomentando la rehabilitación real de los internos.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, respaldó la medida al recalcar que existe una decisión política firme para sanear el sistema penitenciario, lo cual incluye revisiones minucias al personal del INPE y restricciones estrictas en el acceso de visitas y sustancias ilícitas.
