La Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable y Alcantarillado del Perú (FENTAP) solicitó la remoción de toda la plana gerencial de la EPS Seda Huánuco S.A., nombrada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). Mediante el Oficio N.° 752-2026/CDN-FENTAP, de fecha 7 de octubre y dirigido al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas González, el gremio exige adoptar medidas urgentes para rescatar la gestión de la empresa paramunicipal.
El documento detalla que los funcionarios objetados son: Mirko Félix Jurado Dueñas (gerente general), Analyn García Torres (gerente operacional), Gabriela Jeynmi Zeballos Portugal (gerente de Asesoría Jurídica), Miguel Luis Castello Gonzales (gerente de Administración y Finanzas), Carlos Sánchez Esquives (gerente comercial) y Romina Sánchez Tapia (gerente de Ingeniería). Respecto al resto de personal de confianza, la FENTAP solicitó evaluar su continuidad en función de sus competencias y resultados.
La federación recuerda que Seda Huánuco ingresó en diciembre de 2020 al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), un mecanismo orientado a recuperar y fortalecer la empresa. Sin embargo, advirtieron que persisten graves incumplimientos, inversiones postergadas y riesgos operativos, enfatizando que el RAT no puede convertirse en un régimen de administración prolongado que perpetúe o agrave los problemas.
EJES CRÍTICOS. En su oficio, la FENTAP fundamenta su pedido exponiendo cuatro situaciones críticas:
Resultados regulatorios e inversión insuficiente: durante el segundo año regulatorio (mayo 2024 – abril 2025), el Índice de Cumplimiento Global de SEDA Huánuco fue de apenas 67.60 %, muy por debajo del 85 % exigido por la normativa. Asimismo, el programa de inversiones solo alcanzó un 49 % de avance financiero, la ejecución del fondo de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) llegó al 4 % y la reserva para la Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático alcanzó un escaso 26.19 %.
Sanciones e incumplimientos reiterados: en 2023, la Sunass impuso a la empresa una multa de 10 UIT, seguida de cuatro procedimientos sancionadores en el primer semestre de 2024 y la notificación de doce medidas correctivas entre 2025 y mayo de 2026. A ello se suman ocho fiscalizaciones en lo que va del año y un nuevo procedimiento por fallas en la calidad, continuidad y seguridad del agua potable. En tanto, el Informe Anual 2025 reveló una ejecución presupuestaria de solo 57.56 %, una meta del Plan de Fortalecimiento Institucional del 48 % y más de 5,000 reclamos comerciales en 2024.
Irregularidades en contrataciones y personal: detectaron adjudicaciones menores o iguales a 8 UIT sin acreditación de pluralidad de postores, utilizando además una directiva correspondiente a un régimen derogado. También se observó la contratación de un trabajador que no acreditó el perfil técnico en computación exigido por la propia Gerencia de Administración y Finanzas.
Infraestructura vulnerable e inversiones cuestionadas: el reporte advierte fallas recurrentes en el canal Canchán – Cabritopampa tras un deslizamiento en el sector Pukuchinche, donde el terreno volvió a ceder durante las pruebas. En Aucayacu, se cuestiona una obra ejecutada por S/ 839 000, pese a estar presupuestada originalmente en S/ 278,539 en el Estudio Tarifario; dicha inversión solo incrementó el caudal en 6 litros por segundo sin resolver los problemas de presión y continuidad, lo que exige verificar una eventual sobrevaloración. Finalmente, existen S/ 6’201,424 en inversiones pendientes para captación y reservorios cuyo retraso sigue sin esclarecerse.
DEMANDAS. Ante este panorama, la FENTAP demandó al Ministerio de Vivienda la recomposición inmediata de la gerencia, la evaluación del régimen RAT, el deslinde de responsabilidades administrativas y penales, la elaboración de un plan urgente de infraestructura, la designación de profesionales idóneos con conocimiento del territorio y una reunión técnica para brindar respuestas documentadas a la ciudadanía.
