El clima político permanece tenso mientras diversas fuerzas políticas exigen transparencia total de cara al balotaje presidencial, en medio de denuncias de fraude que el sistema electoral busca desvirtuar mediante los peritajes correspondientes
En un giro drástico de la crisis electoral que atraviesa el país, el Ministerio Público ha formalizado un pedido de detención preliminar por siete días contra Piero Corvetto, quien hasta ayer se desempeñaba como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La medida también alcanza a otros altos funcionarios del organismo electoral.
El requerimiento fue presentado anoche, cerca de las 11:00 p. m., por el Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, ante el juzgado de turno. La solicitud incluye, además de la privación de la libertad, el allanamiento e incautación de pruebas en inmuebles vinculados a los investigados.
Las investigaciones se centran en presuntas irregularidades y fallas logísticas ocurridas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril, específicamente en el despliegue de material electoral en diversos sectores de Lima Metropolitana, hechos que han alimentado una narrativa de desconfianza en el proceso.
Solo horas antes del requerimiento fiscal, Corvetto presentó su carta de renuncia irrevocable ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En el documento, dirigido a la presidenta de la institución, María Teresa Cabrera, el ahora exjefe de la ONPE señaló:
«Los procesos focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo… es impostergable renunciar en el interés de que se ejecute la segunda vuelta en un contexto de mayor confianza ciudadana».
A pesar de apartarse del cargo, Corvetto enfatizó su disposición a colaborar con las investigaciones para esclarecer las interrogantes que aún rodean la cadena logística de los comicios.
La situación ha generado un debate jurídico. Expertos constitucionalistas han calificado de «ilegales» los supuestos seguimientos y vigilancias que la Policía Nacional habría iniciado incluso antes de la orden judicial.
El Poder Judicial debe evaluar en las próximas horas si declara fundado el pedido de detención preliminar solicitado por la Fiscalía.
