Jehan Jaime Juan Gallardo Ramírez (34) fue sentenciado a 10 años de cárcel en calidad de autor y responsable de la comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de facilitación de arma de fuego y municiones en agravio del Estado.
En la misma sentencia n° 20 del 30 de enero del presente año, los magistrados del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Leoncio Prado sentenciaron a la misma pena a Roiser Pérez Escola y Alfredo Cruz Ponce tras ser hallados culpables del delito contra la seguridad pública en la modalidad de porte de arma de fuego y municiones
La sentencia fue emitida a casi tres años de la intervención policial ocurrida a altura del kilómetro 232+500 de la carretera Federico Basadre, en el sector Pumahuasi, distrito de Daniel Alomía Robles. Al realizar el registro al automóvil gris, marca Kia de placa F4Z-243, los policías encontraron camuflados debajo de los asientos cuatro armas de fuego, entre las que estaba una pistola Glok calibre 38.
Al solicitar información a Sucamec, descubrieron que el arma encontrado en poder de los sospechosos estaba nombre de Gallardo Ramírez, quien era miembro de la Policía Nacional, por lo que fue incluido en la investigación.
En el juicio oral, la defensa técnica del policía, dijo que el 2 de agosto del 2023, su patrocinado no tenía en su poder la pistola Glok, porque en marzo del 2020 había hecho una transferencia del arma a su colega (Joel Zelada Janampas), por lo que no entendía el porqué, la fiscalía estaba atribuyéndole un delito que no había cometido.
Por su parte, los jueces al sustentar su resolución advirtieron que, si el 2020 el ahora sentenciado hizo la transferencia del arma a su colega, porque en el 2023 en Sucamec y otras instancias figuraba como propietario. «No hubo un trámite que haya procedido conforme a ley», dice parte de la sentencia que justifica la responsabilidad penal del ex agente.
Asimismo, hicieron referencia que el reglamento de la ley 30299 establece que la persona que transfiere un arma de fuego es responsable de asegurar que el cambio de propiedad lo realice ante Sucamec. “Un arma particular entre efectivos policiales requiere de un proceso notarial y administrativo, dónde ambas partes deben acudir a la notaría para el contrato de compra y venta, luego el vendedor debe internar el arma en el Departamento de Armería de la Policía para obtener el acta de internamiento, documento necesario para el comprador para gestionar su tarjeta de propiedad y licencia», indica el fallo judicial.
HECHOS. El 2 de agosto del 2023, agentes del Departamento de Investigación Criminal de Leoncio Prado intervinieron al automóvil gris carbón Kia de placa F4Z-243 en cuyo interior viajaban cinco personas de Tingo María hacia Aguaytía.
Al realizar una minuciosa revisión encontraron escondidos en los asientos dos pistolas y dos revólveres abastecidos con municiones. De las cinco personas, Alfredo Cruz y Roiser Pérez, quienes a la fecha están recluidos en el penal de Potracancha dieron positivo para cationes metálicos de plomo, lo que significa que, si tuvieron contacto con las armas incautadas, pese que ellos dijeron que desconocían de la presencia del armamento.
Los otros tres fueron liberados durante el proceso indagatorio.
