Mediante resolución emitida el 9 de mayo, la Sala Penal Especial integrada por los jueces superiores Barrios Alvarado, Quintanilla Chacón, Castañeda Espinoza, Castañeda Otsu y Pacheco Huancas confirmaron la sentencia de primera instancia emitida el 30 de diciembre del 2016 que condenó a Juan Carlos Ticona Castro como autor del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado, pero revocaron los 12 años y 8 meses de pena privativa de libertad, reformándola impusieron 9 años computados desde el 4 de diciembre del 2015.
Asimismo, confirmaron la inhabilitación de cinco años, pero revocaron el importe de reparación civil de 30 mil soles, bajándolo a 20 mil.
En la resolución que consta de 28 páginas, hacen una aclaración con relación a la participación del abogado Carlos Alberto Rivera Berrospi, quien fue excluido de la investigación por la Sala Penal Superior integrada por los jueces Jaime Gerónimo de la Cruz, Angélica Aquino y Sandra Cornelio Soria.
“Si bien fue acusado, pero no fue sometido a juicio oral por que en la etapa intermedia formuló una excepción de improcedencia de acción, el cual fue declarada fundada por la Sala Penal Superior que revocó la decisión de primera instancia”, dice parte del documento. La resolución de exclusión del referido abogado no fue apelada por la fiscalía superior hecho que conllevó que Rivera Berrospi no sea sancionado e inhabilitado.
En el décimo primero de los fundamentos de hecho de la resolución, los jueces superiores cuestionan la decisión de la Sala Penal de Huánuco que asumió la tesis de “no punibilidad del partícipe” en los delitos de infracción al deber y por el cual fue excluido en el proceso. En otro fundamento, aclaran que Mitolia Raymundo Cabrera, narró que el abogado Berrospi Cabrera entregó un papel con su número telefónico para hacer las coordinaciones sobre la entrega de dinero.
Las declaraciones de la referida testigo fueron valoradas por los jueces que hallaron coherencia en los relatos y las cuales están corroboradas con la triangulación de las llamadas. Al analizar las comunicaciones determinaron que el 7 de noviembre del 2015, Bernardina Valdivia Mallqui logró comunicarse con el abogado Rivera Berrospi y este con el fiscal Ticona Castro.
HECHOS. El 6 de noviembre del 2015, Wilder Acosta Valdivia, quien conducía el vehículo de placa W2M-314 de Tingo María a Huánuco sufrió un accidente de tránsito, por lo que fue trasladado por policías de la comisaría de Acomayo a la División de Medicina Legal para pasar reconocimiento médico y es en esas circunstancias que el entonces fiscal Carlos Ticona Castro llega a dicho lugar para comunicar sobre su detención. Instantes que los policías informan que debía ser trasladado al hospital Hermilio Valdizán para recibir atención médica, Acosta Valdivia, pidió un tiempo para llamar a su esposa Mitolia Raymundo Cabrera para informar sobre lo ocurrido.
El fiscal adjunto aprovechó la presencia de la pareja para informar que la situación de su esposo era complicada e incluso podría terminar en prisión por provocar un accidente de tránsito, pero si quería podía ayudarlo a cambio de 4 mil soles. Ya en el nosocomio, Mitolia comunicó a su esposo la propuesta del representante del Ministerio Público a cambio de no denunciarlo por la presunta comisión de los delitos de daños y lesiones culposas graves.
Ticona Castro inició investigación preliminar a Wilder Acosta y para participar en las diligencias llamó al abogado Rivera Berrospi. Ya en la carceleta del Ministerio Público, dicho profesional pidió hablar con el detenido a quien le refirió que su situación era complicada por lo que era necesario ‘arreglar’ con el fiscal y es lo que finalmente ocurrió luego de hacer una bolsa juntaron 2 mil de los 4 mil soles las cuales habrían entregado al referido abogado que luego de recibir el dinero subió al vehículo del fiscal. Días después, cuando Mitolia llegó al despacho del fiscal para solicitar la devolución de los documentos de su carro y esposo, Carlos Ticona volvió a pedir el dinero faltante y es donde, los agraviados deciden denunciar el caso que terminó con la detención en flagrancia delictiva del fiscal adjunto de la Sexta Fiscalía Penal Corporativa de Huánuco.
