La Contraloría General identificó irregularidades en la contratación de la obra de agua y desagüe para el centro poblado de Cruzpampa, lo que generó un perjuicio al Estado y a la ciudadanía. La Municipalidad Distrital de Pachas no pactó la ejecución de la obra en las mejores condiciones de precio.
Según el Informe de Control Específico n.º 045-2024-2-0399-SCE, el comité de selección de la entidad realizó en noviembre del 2023 un proceso de licitación pública, para contratar la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado, la contratación fue convocado con una inversión de S/ 24 749 522.
El comité agregó a las bases exigencias desproporcionadas que perjudicaron la competencia en condiciones de igualdad, y que estaban fuera del marco legal de la Ley de Contrataciones del Estado. Por ejemplo, exigían que los postres acrediten haber ejecutado como mínimo 20 actividades y/o componentes similares en relación al objeto de la convocatoria, para acreditar experiencia especifica en obras de agua y desagüe.
Esta situación fue observada por los participantes durante a la etapa de absolución de consultas, sin embargo, el comité no las acogió, tampoco hizo caso la recomendación del Organismo Supervisor de Contrataciones de Estado (OSCE) de declarar la nulidad o retrotraer el procedimiento de selección, ya que dichos requisitos vulneraban los principios de libertad de concurrencia y competencia, el comité decidió continuar el proceso, luego publicó el consentimiento de la buena pro.
Estas irregularidades permitieron que el comité adjudique a la empresa que ofreció mayor precio en comparación con la oferta del otro postor, a quien descalificaron indebidamente, por haber presentado la declaración jurada de plazo de ejecución de obra con error formal, que no la desvirtuaba. No obstante, ganó la propuesta que era S/ 2 453 430 más en comparación con la otra oferta descalificada.
Posteriormente firmaron el contrato con la empresa que ejecuta la obra, con una inversión total de S/ 24.7 millones, teniendo previsto su culminación para abril de 2025.
Por este hecho se halló responsabilidad penal y administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría en los tres miembros del comité de selección, recomendando a la procuraduría en delitos de corrupción de funcionarios a dar inicio a las acciones penales contra los responsables.
