El Parlamento venezolano aprobó este jueves, por unanimidad, una ley de amnistía general impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero. La norma busca la liberación masiva de presos políticos, aunque mantiene exclusiones que han generado controversia, como la posible exclusión de la opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
Rodríguez, al promulgar la ley en el palacio de Miraflores, afirmó: “Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”, calificando la medida como un “acto de grandeza” que abre nuevas posibilidades para la política venezolana. Desde el 8 de enero, el gobierno interino inició un proceso de liberaciones: según la ONG Foro Penal, 448 opositores han sido liberados bajo condiciones, mientras que 644 permanecen aún detenidos.
La aprobación de la ley fue seguida con expectativa por familiares de presos políticos, muchos de los cuales acampan desde hace semanas frente a cárceles como el Helicoide, símbolo de la represión estatal, que Rodríguez ordenó cerrar. Entre lágrimas y rezos, algunos celebraron la aprobación, aunque persiste la incertidumbre sobre quiénes serán beneficiados.
Exclusiones y críticas
El debate se centró en los artículos 7, 8 y 9 de la norma. El artículo 8 recoge 13 momentos clave de los 27 años de chavismo, desde el golpe contra Hugo Chávez en 2002 hasta las protestas contra la reelección de Maduro en 2024. Para críticos como Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, esta delimitación es “excluyente” porque desconoce que la persecución ha sido continua.
El artículo 9 excluye a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas con apoyo extranjero, lo que podría dejar fuera a líderes opositores como María Corina Machado, acusada en varias ocasiones de instigar invasiones contra Venezuela. La dirigente se encuentra actualmente en Estados Unidos, tras más de un año en la clandestinidad, y ha prometido regresar cuando existan condiciones de seguridad.
Contexto político y social
La aprobación de la ley se había aplazado el 12 de febrero, generando protestas y hasta una huelga de hambre de familiares de presos políticos frente a la sede policial de Zona 7 en Caracas. Tras la aprobación, las manifestantes levantaron la medida.
La amnistía también contempla que los exiliados puedan solicitar el beneficio a través de apoderados legales y establece que, una vez presentada la solicitud, los beneficiarios no podrán ser privados de libertad por los hechos contemplados en la ley.
Este paso se enmarca en una agenda más amplia del gobierno interino, que incluye apertura petrolera y un giro en las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019. Washington ha señalado que está “a cargo de la Venezuela pos-Maduro”, lo que marca un nuevo escenario político en la región.
En síntesis, la ley de amnistía representa un avance hacia la reconciliación nacional, pero sus exclusiones mantienen abiertas tensiones entre sectores opositores y defensores de derechos humanos, que reclaman una medida verdaderamente universal.
