El pleno del Congreso aprobó, por amplia mayoría, la derogación de la Ley 31876, norma que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional; así como toda norma administrativa que se oponga a la presente Ley.
Al sustentar el dictamen respectivo, el presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, César Revilla Villanueva (FP), sostuvo que es indispensable derogar la Ley 31876, a fin de evitar cualquier limitación en la ejecución de obras por administración directa a cargo de los gobiernos regionales y locales.
“Esta ley está poniendo en riesgo la posibilidad de que los señores gobernadores regionales y alcaldes terminen las obras que vienen ejecutando”, acotó.
Por su parte, la parlamentaria Martha Moyano Delgado (FP), propuso que se incluya en el dictamen una disposición complementaria transitoria, misma que fue incluida en el texto sustitutorio aprobado por el Parlamento.
“A partir de la entrada en vigor de la presente Ley se aplica de forma transitoria la Resolución de Contraloría 19588-CG, referidas a normas que regulan la ejecución de obras públicas por administración directa”, señala dicha disposición.
La legisladora Patricia Juárez Gallegos (FP), dijo que los actos normativos estarían causando una transgresión de manera directa al proceso de descentralización en mayor relevancia a las municipalidades provinciales y distritales más alejadas del país.
