Vladimiro Montesinos Torres fue trasladado al Penal Ancón II hasta el fin de su condena. Fue el presidente Pedro Castillo, quien mediante su cuenta de Twitter do a conocer la decisión al señalar que ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo.
“Hemos trasladado a Vladimiro Montesinos al Penal Ancón II hasta el fin de su condena. En el Gobierno Del Bicentenario, ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo”, dijo en un mensaje difundido por redes sociales.
Montesinos Torres, ex asesor del expresidente Alberto Fujimori Fujimori, se encuentra detenido desde el 2021 en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec), ubicado dentro de la Base Naval del Callao.
Purga numerosas condenas por delitos de corrupción de funcionarios, usurpación de funciones, lavado de activos, secuestro, conspiración y tráfico de armas, homicidio calificado y desaparición forzada.
Recientemente, la Marina de Guerra del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario realizaron una investigación por las comunicaciones telefónicas que realizó Vladimiro Montesinos durante la campaña electoral.
La exministra de Defensa, Nuria Esparch, informó que en la investigación por este hecho comprendería a 50 oficiales de la Marina de Guerra del Perú.
SUS DELITOS
Vladimiro Montesinos Torres purga prisión debido a diversos delitos cometidos durante el período en el que se desempeñó como asesor del entonces presidente de la República, Alberto Fujimori Fujimori.
Las sentencias condenatorias contra el ex asesor presidencial y del servicio de inteligencia suman más de una 30.
Montesinos se encuentra privado de la libertad desde junio de 2001, tras ser capturado en Venezuela y traído al país, con lo que su prisión efectiva lleva 20 años.
Corrupción de funcionarios, conspiración, desaparición forzada, homicidio calificado, lavado de activos, tráfico de armas y usurpación de funciones, son algunos de los ilícitos por los que ha sido sentenciado.
El primer fallo en su contra se dio en 2002, cuando el Poder Judicial le impuso nueve años de prisión por delito de usurpación de funciones, al haber desempeñado un cargo para el cual nunca fue designado oficialmente: el de asesor presidencial y del Servicio de Inteligencia Nacional.
Los casos por los que recibió mayores penas tienen que ver con violaciones a los derechos humanos.
Uno de ellos fue el de las matanzas de Barrios Altos y El Santa; y el asesinato del periodista Pedro Yauri, por los que se le dictó condena de 25 años de prisión. En este tema se le imputan los ilícitos de desaparición forzada y asesinato.
Montesinos también fue condenado a 25 años de cárcel por la desaparición e incineración de tres personas, crimen perpetrado en el sótano de la sede del Servicio de Inteligencia del Ejército.
El caso de la venta ilegal de armas de procedencia jordana al grupo subversivo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, le mereció una condena de 20 años de cárcel.
Asimismo, el ex asesor presidencial, fue sentenciado a 17 años de prisión por el secuestro del empresario Samuel Dyer. De igual manera, por su enriquecimiento indebido, recibió pena de diez años de prisión.
Por la planificación de un golpe de Estado en el año 2000, con el que se pretendía colocar al economista Carlos Boloña como presidente, Montesinos fue sentenciado a nueve años de prisión.
El caso de la manipulación de los denominados “diarios chicha”, derivó en un fallo de ocho años de cárcel, por los ilícitos de asociación para delinquir y peculado. Su participación en el espionaje telefónico a políticos y periodistas mereció pena de seis años.
Por el tráfico ilegal de armas realizado desde el Estado entre 1999 y el 2000, Montesinos recibió una pena de cuatro años de cárcel.
Pero sus ilícitos se prolongaron también más allá de su participación en el gobierno fujimorista. En 2019, Montesinos fue sentenciado a cuatro años de prisión por delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho activo genérico, cometido en 2016, al tener en prisión un teléfono celular.
Antes de su participación en el gobierno de Alberto Fujimori, en 1976, este personaje formó parte del Ejército Peruano, institución en la que se le dio de baja y se le condenó a un año de prisión militar, tras comprobarse que había sustraído documentos secretos de Estado para entregárselos a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.
