Un informe de la Contraloría General de la República indica que la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, habría incurrido en infracción constitucional al integrar los consejos directivos del Club Departamental Apúrímac y de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú.
Según el informe realizado entre setiembre de 2021 y enero del presente año, Dina Boluarte fue designada como presidenta del Consejo Directivo de la asociación «Club Departamental Apurímac» para el periodo del 16 de febrero de 2017 al 15 de febrero de 2019. Fue reelegida en ese cargo para el periodo del 16 de febrero de 2019 al 15 de febrero de 2022, cuando ya ocupaba los altos cargos en el Gobierno.
El 16 de febrero de 2022, su periodo al mando del club fue ampliado hasta el 15 de febrero de 2024, mediante escritura pública del 20 de setiembre de 2021. Según el reporte de la Contraloría, «no se advirtió el registro de la renuncia al cargo» por parte de Boluarte.
Igual habría ocurrido con el consejo directivo de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Según el informe, en asamblea realizada en mayo de 2019, fue elegida como segunda vicepresidenta del consejo directivo de la institución. El 8 de mayo de 2021 fue elegida como primera vicepresidenta de dicho consejo para el periodo 2021-2023.
Según la Controlaría, al no haber renunciado a ambos cargos en dichos clubes, la titular de Desarrollo e Inclusión Social habría cometido una infracción a la Constitución, que indica en su artículo 126 que «los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas».
FAMILIARES. Además, la Contraloría señala que Boluarte no consignó que dos familiares suyos, su hermano Wigberto Boluarte y su cuñado Alfredo Pezo Paredes, fueron contratados por el Estado recibiendo sueldos que sumarían más de 50 mil soles.
Sobre el primero, «no consignó su lugar de trabajo» en su declaración jurada de intereses y solo indicó que era «abogado independiente». Sin embargo, el órgano de control encontró que, el 4 de agosto de 2021, fue designado en el cargo de «Asesor I» del despacho de la alcaldía de la Municipalidad de Pueblo Libre, bajo la modalidad de Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
Sobre su cuñado, el órgano de control indica que recibió un pago de S/ 7 360 soles el 25 de enero de 2022, por parte de la «Contraloría-Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades», correspondiente a una orden de servicio de setiembre de 2021.
Dicho familiar, según la Contraloría, declaró bajo juramento «no tener impedimentos ni incompatibilidades para prestar servicios a favor del Estado».
Además, Dina Boluarte no consignó los datos laborales de 8 familiares dentro del segundo grado de afinidad.
RESPUESTA. Ante el informe de Contraloría, Dina Boluarte, señaló que, como todo ciudadano, «tengo derecho a participar en la vida de asociaciones civiles sin fines de lucro». Dijo que solicitó licencia en ambas instituciones antes de asumir las funciones públicas que ejerce. Lamentó que «en su ausencia» se levanten «argumentos sin fundamento legal alguno».
ALGO +
La Contraloría recomendó al Congreso de la República «realizar las acciones que correspondan».
