Tras una supervisión realizada a nueve municipalidades de las provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca y Marañón, en el marco del periodo de lluvias intensas que cada año afectan a la población, el módulo de la Defensoría del Pueblo en Tingo María detectó que en el 55 % de ellas, los grupos de trabajo para la gestión del riesgo de desastres y sus plataformas de defensa civil no sesionan y no ha identificado las zonas de riesgo donde podrían ocurrir emergencias.
La Defensoría realizó la supervisión los días 26 y 27 de enero de 2021 en las municipalidades de Rupa-Rupa, Daniel Alomia Robles, Hermilio Valdizán, Luyando, Pueblo Nuevo, Codo del Pozuzo, Honoria, Tournavista y La Morada, en donde evaluó la implementación de la gestión del riesgo de desastres a fin de lograr una adecuada preparación y respuesta ante el periodo de lluvias 2021. Ello, teniendo en cuenta que cada año las precipitaciones afectan a la población y ocasionan daños a la infraestructura de los centros educativos, puestos de salud y vías de comunicación.
Advirtió que aunque los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) deben funcionar de manera continua para el monitoreo de peligros, emergencias y desastres; el 22 % de las municipalidades supervisadas no cuenta con un COE. De las siete municipalidades que sí lo tienen, el 85 % (6) no posee infraestructura exclusiva para su funcionamiento, el 57 % (4) no asignó recursos, el 28 % (2) no tiene personal capacitado, el 57 % (4) no tiene equipos de cómputo y el 71 % (5) carece de equipos de comunicación.
Además, en una comuna el COE solo funciona cuando ocurre una emergencia y en otra, únicamente en el horario de oficina de la entidad.
Asimismo, identificó que en el 66 % de las municipalidades los jefes de las Oficinas de Defensa Civil se encuentran en el cargo menos de un año. En este punto es importante resaltar que una de las debilidades del sistema está precisamente en la rotación o cambio de las autoridades locales, así como la ausencia de personal calificado y capacitado para la implementación de los procesos de la gestión del riesgo de desastres.
Otra de las falencias detectadas en la supervisión fue que el 33 % (3) de las municipalidades no cuenta con el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres y, de las seis municipalidades que sí tienen dicho plan, cinco no implementaron las actividades. Lo preocupante es que ninguna municipalidad cuenta con un plan de preparación, plan de rehabilitación y plan de educación comunitaria.
Además, pese a que es una obligación de los gobiernos locales contar con un almacén de bienes de ayuda humanitaria para la atención de las emergencias, una no tiene bienes de ayuda humanitaria, seis cuentan con stock para una atención no mayor de 12 familias y en tres no tienen brigadas para la atención de una emergencia.
