La presidenta de la república, Keiko Fujimori, encabezó la primera sesión del Consejo de Inteligencia Nacional junto al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, los titulares de Defensa, Interior, Justicia y Cancillería, la cúpula de las Fuerzas Armadas y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Hugo Cornejo.
El encuentro fijó a la inteligencia operativa como la columna vertebral de la estrategia del Estado para anticipar y desarticular las diez principales amenazas de seguridad en el país, con especial énfasis en la extorsión, el crimen organizado transnacional y la minería ilegal.
Diagnóstico de la estrategia nacional
| Criterio | Detalle de la Medida |
| Eje central | Inteligencia previa para detectar y neutralizar mafias antes de que ejecuten delitos. |
| Amenazas prioritarias (10) | Extorsión, crimen organizado, delincuencia común, corrupción, minería ilegal, narcotráfico y bandas transnacionales en fronteras. |
| Integración institucional | Coordinación directa entre la DINI, las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, FAP) y la Policía Nacional (PNP). |
Consecuencias políticas e institucionales de esta medida
1. Cambio de enfoque: De la reacción policial a la anticipación táctica
Tradicionalmente, el combate al delito ha dependido del despliegue masivo de efectivos policiales tras la comisión de los hechos. Centrar la política de seguridad en la DINI e inteligencia militar busca golpear la estructura financiera, el rastreo de llamadas y las redes logísticas de las bandas criminales antes de que cometan extorsiones o atentados.
2. Mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas en seguridad interna
La participación activa de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas junto a las unidades de inteligencia ratifica el apoyo militar a la Policía Nacional. Este despliegue combinado se enfocaría en zonas críticas del país, como pasos fronterizos desprotegidos y enclaves de minería ilegal o narcotráfico.
3. Centralización de decisiones desde la Presidencia
La convocatoria directa de este Consejo por parte de la Jefa de Estado busca agilizar la toma de decisiones y reducir la burocracia entre los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, exigiendo un plan de trabajo unificado y permanente.
¿Cómo afectará esta noticia a la población y a las regiones?
Para comerciantes y familias: Un trabajo de inteligencia enfocado busca desmantelar a las organizaciones dedicadas al «cobro de cupos» e incautar sus armas y cuentas bancarias, atacando a los cabecillas dentro y fuera de los penales.
Para regiones de frontera y zonas extractivas: Se prevé un incremento de patrullajes combinados entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en zonas donde operan mafias transnacionales y minería ilegal.
Para la fiscalización y la transparencia: El fortalecimiento de las labores de inteligencia exigirá una estricta supervisión por parte del Congreso y los órganos de control para garantizar que las labores de rastreo e interceptación se enfoquen exclusivamente en la lucha contra la delincuencia organizada.
Fuente: Agencia Andina
