Para el 25 de agosto a las 3:30 de la tarde está programada la audiencia de juicio oral en el caso de querella que una trabajadora del gobierno regional de Huánuco presentó contra el gobernador, Antonio Pulgar Lucas. Enterado que el día anterior, mediante resolución número 5, el juez Ebert Quiroz Laguna dispuso declararlo reo contumaz, ayer a las 9:30 de la mañana el gobernador regional acudió al complejo judicial de Pillco Marca.
‘El juez dispuso girar los oficios de ubicación y captura a la Policía Judicial, pero cuando el personal policial acudió al juzgado para recoger los documentos encontró al gobernador regional sentado, por lo que no pudieron detenerlo, porque dijo que estaba poniéndose a derecho’, dijo una fuente judicial.
La presencia de Pulgar Lucas alarmó a los trabajadores y asistentes a la sede judicial que en cuestión de minutos regaron la información diciendo que habían detenido al gobernador regional. La noticia que el gobernador fue ‘detenido’ fue compartido por las redes sociales, hasta que pasada de las 12:00 del día, Antonio Pulgar salió de una de las oficinas del segundo piso del complejo judicial para negar que había sido aprehendido.
A su salida, dijo que la diligencia estaba programada para el 12 de agosto a las 5:00 de la tarde, pero no pudo acudir porque estaba en Tingo María y su presencia en el juzgado era para el juez reprograme la audiencia de juicio oral. ‘Al tomar conocimiento me puse a derecho’, dijo el gobernador al tiempo de indicar que desconocía si había sido declarado reo contumaz.
Sobre la denuncia planteada en su contra por la trabajadora del GRH, dijo que brindó dichas declaraciones cuando la policía intervino la sede del COER Huánuco y que no tenía problemas en pedir las disculpas públicas a la persona que en su momento ofendió sin tener las pruebas.
CASO. La querella planteada por la trabajadora es por la presunta comisión del delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada, esto luego que el gobernador regional el 18 de diciembre del 2024 declaró ante los medios de comunicación sindicándola de ser integrante de una organización criminal que operaba al interior de la sede regional.
La denunciante está solicitando al juez imponer 2 años, 6 meses y 25 días de pena privativa de la libertad efectiva al querellado y el pago de 300 mil por concepto de reparación civil.
Según la denuncia, estas afirmaciones sin pruebas y fundamentos, pusieron a la querellante al escarnio público, menoscabando su honor y reputación profesional. Al día siguiente de la conferencia, la trabajadora fue rotada a su plaza de origen la Oficina del Consejo Regional, donde habría sido hostigada por parte de su entorno laboral.
Producto de las declaraciones vertidas por el gobernador, la agraviada que estaba gestando sufrió una crisis de salud por lo que acudió al EsSalud, donde le dieron descanso médico por cuatro días, posterior a ello fue evaluada por un psicólogo para conocer la afectación emocional que le causó al ser sindicada por la autoridad.
El 23 de diciembre de 2025, la querellante cursó una carta notarial al querellado (Antonio Pulgar), instándolo a retractarse de sus afirmaciones difamatorias, pero la autoridad hizo caso omiso, y la agraviada entabló la querella ante el despacho del juez Ebert Quiroz Laguna del Tercer Juzgado Unipersonal de Huánuco.
