La Contraloría General identificó que siete municipalidades de la provincia de Huánuco no cuentan con planes de acción distrital de seguridad ciudadana 2022, aprobadas mediante ordenanza municipal, lo cual afectaría la seguridad de la población en cumplimiento a los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023.
El organismo informó que como resultado del servicio de control simultáneo, la Contraloría junto a los Monitores Ciudadanos de Control realizaron veedurías para verificar la aprobación del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2022 de los distritos de San Pablo de Pillao, Yarumayo, Santa María del Valle, Chinchao, Pillco Marca, Churubamba y Pillco Marca, cuyo periodo de evaluación se realizó entre marzo y abril.
Frente a un conjunto de delitos que pudieran suscitarse dentro de sus jurisdicciones, las municipalidades distritales son actores para la lucha contra la inseguridad ciudadana y están obligados a contar con un plan de acción que sea aprobado por el concejo municipal, y constituya un instrumento de gestión para prevenir, proteger, dar seguridad y tranquilidad a la comunidad, en cumplimiento de los objetivos del Plan de Seguridad Ciudadana 2019-2023.
Según la información recabada por los Monitores Ciudadanos de Control y firmada por la Secretaría Técnica de Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de la provincia de Huánuco, esta situación afectaría la seguridad de la población, al no haberse aprobado por acuerdo de concejo municipal y publicada mediante una ordenanza municipal un plan distrital de seguridad ciudadana, donde este definida las actividades destinadas a promover espacios públicos libres de robos y hurtos.
Estas situaciones adversas fueron notificados a los alcaldes distritales, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, y el de comunicar al órgano de control institucional de la Municipalidad Provincial de Huánuco en un plazo máximo de tres meses.
ALGO MAS
El informe de control se encuentra publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control, conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, en aras de la transparencia y acceso a la información.
