La abogada Karim Marioli Jiménez Rojas, en su calidad de Directora II de la Dirección de Sociedades de Beneficencia del Ministerio de la Mujer, mediante el Oficio N° D000958-2025-MIMP-DSB de fecha 16 de diciembre, reconoció que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) no tiene competencia para intervenir en el caso del desalojo del local ocupado de manera precaria por la Diresa Huánuco. Así lo informó el abogado Baltazar Vara Berrospi, presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Huánuco.
En el documento remitido a la Sociedad de Beneficencia se precisa lo siguiente:
“… corresponde señalar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no cuenta con competencia para intervenir en procesos judiciales con sentencia emitida ni para adoptar decisiones sobre bienes inmuebles de las Sociedades de Beneficencia, en atención a la autonomía administrativa, económica y financiera que estas ostentan conforme al Decreto Legislativo N° 1411”.
Asimismo, el oficio indica que, en respeto a las competencias propias de la Sociedad de Beneficencia de Huánuco, se trasladará el pedido formulado por el Gobierno Regional de Huánuco para que sea evaluado y atendido por el órgano competente, dentro del marco de sus atribuciones y de la normativa aplicable.
También se señala que la respuesta que se brinde al Gobierno Regional deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección de Sociedades de Beneficencia del MIMP, a fin de realizar el seguimiento correspondiente en el marco de la rectoría sectorial que ejerce dicho ministerio sobre las Sociedades de Beneficencia.
Baltazar Vara afirmó que la decisión del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Huánuco es que, una vez cumplido el desalojo del local, se instaurará un asilo para adultos mayores en situación de desamparo total.
Finalmente, recordó que la Sociedad de Beneficencia de Huánuco financia actualmente el Hogar de Niños Virgen de Guadalupe y el Comedor para personas desamparadas, y que ahora se proyecta la creación del asilo para adultos mayores.
Todo ello se sostiene sin apoyo económico del Gobierno Nacional, Gobierno Regional ni municipalidades, siendo financiado únicamente con los ingresos provenientes de los alquileres de las propiedades que administra la institución.
