El gobernador regional de Huánuco, Juan Alvarado Cornelio y siete de sus funcionarios, fueron encontrados presuntamente responsables de la presunta adquisición irregular de 7995 laptops para docentes, lo que causó un perjuicio económico de S/ 23 225 490.04 al Estado. Así lo hizo saber el vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública, Humberto Ramírez Trucios, quien dijo que ahora está en manos de la Fiscalía y de la Procuraduría adoptar las medidas legales pertinentes.
El órgano de control determinó que aprobaron el Informe de Estandarización de Bien para dicha adquisición sin el debido sustento técnico y legal. Asimismo, los equipos fueron importados con características diferentes a la orden de compra y, antes de su entrega al gobierno regional, fueron adulteradas y reensambladas. Además, emitieron conformidad a 7995 computadoras portátiles, pese a que no se recibió la totalidad, no entregaron 104.
De acuerdo con el informe de auditoría n°29224-2021-CG/GRHC-AC, los otros presuntos responsable, son: Bertha Ada Gonzales Soto, actual subgerente de Desarrollo Institucional y Sistemas; Eden Kaid Lavado Loarte, ex director regional de Asesoría Jurídica; Luz Janeth Rodríguez Ramos, ex gerente regional de Desarrollo Social; Darwin Frank Campos Soto, especialista en Desarrollo de Sistemas; Luis Augusto Briceño Jara, ex gerente general regional; Limber Garcia Tafur, ex técnico administrativo en la Unidad de Almacén; y, Fredy Hernando Najera Valentin, abogado especialista en la oficina regional de Asesoría Jurídica.
Según el documento, el gobernador tiene responsabilidad administrativa por haber suscrito la Resolución n° 897-2019-GRH/GR, del 2 de diciembre 2019, con el cual aprueba la estandarización de los 7995 equipo. Además, por disponer que la oficina de Logística y Servicios Auxiliares realice la contratación de las computadoras portátiles a través del catálogo electrónico de Acuerdo Marco por el aplicativo Perú Compras.
A Briceño Jara, por visar la Resolución Ejecutiva Regional nº 897-2019-GRH/GR, del 2 de diciembre de 2019, a través de la cual se aprueba la estandarización de la compra y se dispone la contratación de la compra. Según la Contraloría, la aludida resolución no contaba con la evaluación por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica.
Uno de los servidores públicos más cuestionados es Campos Soto, quien, al remitir el Informe nº 0109-2019-GRH/GRPPAT/SGDIS-DFCS, señala que, las computadoras portátiles cumplen con lo ofertado en la orden de compra y en la guía de Internamiento n° 0001940; sin embargo, el proveedor (Grupo Deltron S.A) únicamente entregó al 30 de diciembre de 2019, las computadoras que fueron retiradas del Almacén de Gestión Aduanera y Logística S.A.C.
Se suma a esto, la documentación presuntamente falsa que habría entregado Darwin Campos sobre su título profesional, colegiatura y habilitación; razón por la cual, no cumpliría con las condiciones para el puesto de Especialista en Desarrollo de Sistemas del gobierno regional. Por ello, observaron el concurso CAS nº00007-2018-GRH-CPSP-CAS, a la cual postuló y para la cual se requería contar con título profesional en Ingeniería de Sistemas, colegiatura y habilitación vigente; ello, de acuerdo a lo informado por el secretario general de la Universidad de Huánuco y por el Colegio de Ingenieros Huánuco. En ese sentido, consideran que, Campos ejerce ilegalmente la profesión de ingeniero de sistemas e informática, suscribiendo documentos oficiales de la subgerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas de la entidad.
Con estas conclusiones y otros detalles, la Contraloría remite el informe a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores comprendidos.
Los actuados también instan a iniciar las acciones legales correspondientes, respecto a la ejecución de la garantía de conformidad a la Certificado de Autenticidad emitido por Lenovo Asia Pacifc Limited Sucursal del Perú, dado que se entregó a la entidad, computadoras reensambladas, así como para que tome acciones legales frente a la documentación presuntamente falsa entregada por Darwin Campos.
