En el II Informe Trimestral 2025, presentado ante el Consejo Regional de Huánuco, el procurador público regional, Juan Carlos Nolorve Rojas, informó que hasta el 30 de junio se registran 20,469 expedientes judiciales bajo su cargo, lo que evidencia una alta carga procesal y una preocupante escasez de personal para atenderlos adecuadamente.
El informe, elaborado conforme a la normativa que obliga a los procuradores públicos a remitir trimestralmente un reporte general y cuantitativo sobre los procesos judiciales, arbitrales y conciliaciones a su cargo, revela que 17,263 expedientes corresponden a procesos contenciosos administrativos. De estos, 7,558 en trámite y 9,705 en ejecución.
Entre los principales motivos de estos procesos figuran demandas por preparación de clases y documentos de gestión en el sector Educación; bonificaciones diferenciales en el sector Salud; devolución de aportes al Fonavi; compensaciones vacacionales; reintegros por años de servicio; subsidios por luto y sepelio; cumplimiento de actos administrativos e intereses legales en diversos sectores.
Además, se reportan 989 procesos civiles y constitucionales relacionados con AFPs, acciones de cumplimiento y amparo, indemnizaciones, nulidad de actos jurídicos, rectificación de áreas, obligaciones de pago y ejecución de garantías.
En el ámbito laboral, se contabilizan 1,318 expedientes por reposición de trabajadores (CAS y D.L. 276), indemnizaciones, desnaturalización de contratos, beneficios sociales, reconocimiento de vínculo laboral, amparos laborales y ceses por actos de hostilidad.
También se registran 782 procesos penales por delitos como falsificación de documentos, hurto, omisión de funciones, usurpación, daños, abuso de autoridad y delitos contra la salud pública. En cuanto a conciliaciones y arbitrajes, se identifican 117 casos, de los cuales 63 están en trámite, 29 en anulación de laudo y 22 en ejecución, vinculados a resoluciones de contrato, ampliaciones de plazo y liquidaciones.
Finalmente, Nolorve Rojas hizo un llamado a los consejeros regionales para que colaboren con la entrega oportuna de información necesaria para iniciar procesos judiciales. Advirtió que, de no hacerlo, se incrementa la carga de trabajo de la Procuraduría Regional, que actualmente opera con personal insuficiente para realizar el seguimiento adecuado de las denuncias.
