La procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato logró embargar bienes y activos por más de 1,200 millones de soles a empresas e investigados en actos de corrupción en proyectos de inversión pública que comprenden a 778 personas naturales, entre ellas dos expresidentes, 19 ministros y 21 exgobernadores regionales.
Han solicitado además medidas cautelares por cerca de 1,500 millones de soles sobre los bienes y activos de las empresas e investigados en el caso “Lava Jato”, “Club de la Construcción” y otros, de acuerdo al informe de gestión 2017-2020, presentado por la procuradora Sonia Carrión.
Por estos casos, la procuraduría ad hoc lleva adelante la defensa del Estado peruano en 138 procesos, de los cuales 96 corresponden a procesos penales (88%), 26 proceso penales especiales, 9 procesos civiles, 6 proceso de extinción de dominio y 1 proceso constitucional.
De los casos penales, 42 se encuentran en la etapa de diligencia preliminares, 43 en etapa preparatoria, 8 en etapa intermedia, 1 en la etapa de juicio oral y 2 con sentencia.
La procuradoría ad hoc, además, tiene a la fecha cuatro procesos de coloración eficaz suscritos con la empresa Odebrecht y 4 colaboradores, así como tres acuerdos de colaboración eficaz con personas naturales.
De todos los proyectos de inversión que están en investigación, 69 fueron contratados bajo la modalidad de obra pública, 8 por Alianza Público Privada cofinanciada, 5 por Alianza Pública Privada autosostenible y 1 proyecto en activos.
El total de los proyectos de inversión que se encuentra en investigación suma 12,803 millones 612,032.40 soles y 12,990 millones 826,518.68 de dólares.
La mayoría de los proyectos de inversión fueron concedidos por Provías Nacional (42), el gobierno regional de San Martín (10), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (4) y el Ministerio de Energía y Minas (3).
Los gobiernos regionales de Callao, Cusco, Lambayeque, Moquegua, Piura, Áncash, La Libertad. Ayacucho, Arequipa y la Municipalidad de Lima (que tiene rango de región), adjudicaron 26 proyectos de inversión.
El informe gestión de la procuraduría señala que en más de 40 casos vinculados a las regiones se habrían pagado sobornos a empresas como Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, Obrainsa y Astaldi, ICCGSA e INCOT, entre otras.
Por todos estos casos son investigados 778 personas naturales, de los cuales 138 son funcionarios y servidores públicos (56%), 208 ejecutivos y trabajadores de empresas (27%) y 132 particulares (17%).
Entre los altos funcionarios públicos investigados hay dos expresidentes, 2 expresidentes del Consejo de Ministros, 19 exministros de Estado y 21 exgobernadores o exalcaldes de Lima.
