En caso Cócteles, fiscal solicitó 30 años de cárcel para la lideresa del fujimorismo
La Segunda Sala de Apelaciones Nacional del Poder Judicial declaró infundados los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los acusados Keiko Fujimori, Mark Vito, Jaime Yoshiyama y Luis Brussy; así como de las personas jurídicas MVV Bienes Raíces SAC y Fuerza Popular.
El recurso había sido presentado luego de que el fiscal del equipo especial José Domingo Pérez presentara la acusación penal contra Keiko Fujimori y otras 41 personas por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
Con su decisión, la sala confirmó la resolución que emitió en junio pasado el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Esta resolución judicial rechazaba el recurso de nulidad que la defensa había presentado contra la disposición fiscal que, a su vez, había dispuesto la conclusión de la investigación preparatoria del caso.
Cabe recordar que, entre sus fundamentos, la disposición fiscal que dispuso concluir la investigación preparatoria estableció que con esta decisión no había afectación al contenido esencial de los derechos procesales ni a los principios de objetividad fiscal e interdicción de la arbitrariedad.
La decisión judicial confirmó, entonces, la conclusión de la investigación fiscal preparatoria en el caso Cócteles, por lo que el proceso penal continuará a la etapa intermedia y el fiscal del equipo especial, José Domingo Pérez, sostendrá la acusación por los delitos de lavado de activos en organización criminal y otros.
A los imputados se les atribuye la recolección de activos ilícitos producto de actos ilícitos, como los de corrupción transnacional de la empresa Odebrecht; así como fraude en la administración de personas jurídicas en los grupos empresariales de Dionisio Romero y otros.
ALGO MAS
En el caso de Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona, el Ministerio Público solicitó 30 años y 10 meses de prisión. Para los otros acusados, desde 6 a 22 años de cárcel.
