La congresista Ruth Luque presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y el ministro del Interior, Vicente Romero, por «graves vulneraciones a los derechos humanos» en las protestas ocurridas en Cusco, Arequipa, Puno y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima.
Entre otros motivos, la legisladora de Cambio Democrático, atribuye a la presidenta y a los ministros una vulneración a los derechos humanos durante las protestas. Recuerda que recientemente han reportado que a los dos fallecidos en la región Arequipa se suma un nuevo deceso ocurrido durante la toma del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón.
En Cusco, Luque advierte que diferentes videos demuestran «el uso excesivo de la fuerza» que habría utilizado la Policía, lo cual podría haber tenido relación con la cifra de 56 heridos y una víctima mortal. En tanto, en Puno, más de 20 personas han perdido la vida tras las manifestaciones en las dos ciudades más importantes de la región.
Esta nueva denuncia constitucional se suma a una que la misma congresista de Cambio Democrático presentó a inicios de este año contra la presidenta y miembros de su primer Gabinete a raíz de las muertes en el marco de las protestas que se registraron durante el pasado diciembre en varias regiones del país.
Aquella vez, la denuncia interpuesta ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales atribuía presuntas infracciones constitucionales y la presunta responsabilidad de los exministros Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes en los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
Según la parlamentaria, los denunciados habrían incurrido en la infracción de diversos artículos de la Carta Magna que debían regular el uso de sus atribuciones «en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de la fuerzas policiales y militares».
«Los denunciados, por su condición de presidenta, ministro del Interior, ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros, están dentro del aparato del Estado en las esferas más altas de decisión en asuntos del uso de la fuerzas policiales y militares, por lo que las órdenes que emitan o dispongan serán de obligatorio cumplimiento por las personas que estén en esferas más bajas y por los propios agentes policiales y militares que ejecutaron el operativo», indicaba el documento.
