¿Por qué motivo detuvieron al congresista Luis Picón?

Cuando salía de la sede del Legislativo a bordo del vehículo oficial, ayer en la tarde, policías de la División de Requisitorias detuvieron al congresista de la República Luis Picón Quedo por tener una requisitoria vigente en el expediente 00697-2018 donde junto a otras seis personas afrontan un proceso judicial por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible.

Respecto a la orden de ubicación y captura fuentes del Poder Judicial informaron que, al no justificar su asistencia reiterativa a la audiencia de juicio oral, el juez Luis Pasquel Paredes del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco declaró reo contumaz a Picón Quedo, quien fue gobernador de Huánuco en el período 2011 al 2014.

Luego de informarle sobre su situación legal, el congresista por la agrupación política Alianza por el Progreso subió al automóvil de la policía para ser trasladado a la sede judicial, donde pasó la noche y recién hoy a primeras horas del día será puesto a disposición del juzgado a través de la plataforma google meet.

ACUSACIÓN. Según la acusación fiscal, Luis Picón en su condición de presidente del Gobierno Regional de Huánuco aprobó el plan anual de contrataciones modificado mediante resolución 2434 del 30 de octubre del 2014, donde incluía el proceso de licitación pública n° 027 para la ejecución de la obra “instalación de los servicios educativos de la Institución Educativa Inicial n° 621 del centro poblado de San Juan del Porvenir, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado por el monto de 1’822,559.74.

Pese a tener conocimiento como titular de la entidad que no contaba con el presupuesto para la ejecución de la obra, incluyéndose un valor referencial por el monto total, dicha obra fue licitada con la única finalidad de favorecer al consorcio San Antonio que finalmente fue el ganador, por lo que la fiscalía lo considera ser autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La instalación de los servicios educativos del poblado de San Juan del Porvenir es uno de los 27 procesos de selección convocados en el 2014 de manera forzada por 120 millones de soles, cuando el saldo presupuestal del GRH era de apenas seis millones de soles. Los procesos de selección convocados por los ahora investigados ingresaron a conciliación y arbitraje.

Los otros procesados por este caso son: Rogelio Guzmán Jiménez, Jaime Dimas Céspedes Roldan, Pastor Orihuela Mercado, José Pinto Jara y Demetrio Rubén Vidal Vargas.

ALGO +

El ex gobernador de Huánuco, Rubén Alva Ochoa es uno de las tres personas que la fiscalía ofreció como testigo. Los otros dos son: Homero Dávila Soria y Luis Alberto Villavicencio León.

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