El alcalde del centro poblado El Dorado (distrito de Yuyapichis), Alexander Reyes García, ha solicitado formalmente la suspensión por 60 días del alcalde provincial de Puerto Inca, Carlos Antonio Cruzado Navarro. La medida responde al incumplimiento reiterado en la transferencia del 75 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), asignación económica obligatoria destinada al sostenimiento de los servicios públicos delegados en su jurisdicción.
De acuerdo con el recurso presentado el pasado 8 de julio, se denuncia a la autoridad provincial por inobservar la Ley N.° 32387, vigente desde el 1 de enero del presente año. Dicha norma modificó el artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades y fijó con carácter obligatorio que las municipalidades provinciales y distritales deben transferir un piso mínimo equivalente al 75 % de una UIT a los centros poblados.
Reyes García detalló que el burgomaestre provincial ha ignorado de forma sistemática este mandato legal, omitiendo la entrega de los recursos presupuestales correspondientes a los meses de enero a junio del año 2026.
Asimismo, aseveró que la falta de aportes presupuestales arrastra un historial de incumplimiento, dado que tampoco percibieron las transferencias durante los años 2023, 2024 y 2025. En el documento se precisa además que, por órdenes directas de la autoridad provincial, solo se les giró el monto equivalente a la dieta, un hecho que asegura tener debidamente documentado y sustentado.
En la solicitud se sustenta que la omisión de transferir estos recursos económicos por parte de un alcalde provincial o distrital constituye causal explícita de suspensión del cargo por un periodo de 60 días.
El representante de El Dorado contrapuso esta situación con el actuar de la Municipalidad Distrital de Yuyapichis, entidad que —según remarcó— viene cumpliendo estrictamente con la transferencia del 75 % de la UIT desde enero de 2026, tal como lo hizo con regularidad en los periodos 2023, 2024 y 2025.
Asimismo, el documento pone al descubierto que la gestión provincial estaba advertida de esta infracción. Según se expone, el propio gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca emitió un informe legal interno mediante el cual informó al alcalde y al gerente municipal sobre el deber ineludible de acatar la norma y hacer efectivo el depósito del 75 % de la UIT.
Finalmente, Reyes García advirtió que, de no ser convocada la sesión extraordinaria del Concejo Provincial de Puerto Inca por parte del alcalde para debatir la suspensión, la citación deberá ser asumida por el teniente alcalde o por alguno de los regidores. De no procederse por ninguna de estas vías, el demandante anunció que interpondrá una queja por defecto de tramitación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
