La Contraloría General detectó que la Municipalidad Provincial de Huánuco contrató a consorcio integrado por hermano de un magistrado de la Corte Superior de Justicia para ejecutar obra del Parque Amarilis. El hecho contraviene la Ley de Contrataciones de Estado que prohíbe que familiares de hasta el segundo grado de consanguinidad de magistrados contraten con el Estado.
Según el órgano de control, el familiar del funcionario fue gerente general de una de las empresas en consorcio que participó de la licitación. En los documentos de oferta que presentaron declararon no tener impedimento para postular y contratar con el Estado, por lo que en julio del 2019 la municipalidad le otorgó la buena pro para ejecutar el “mejoramiento de actividades recreativas pasivas del parque Amarilis”.
Luego de la firma de contrato, el mejoramiento del parque inició en diciembre de 2019 y culminó en febrero de 2021. La inversión ascendió a S/2 242 746.
Conforme lo señala el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, los familiares de los magistrados hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad se encontraban impedidos de ser postores, contratistas o subcontratistas con las entidades que comprenden el Distrito Judicial de Huánuco, puesto que en el 2019 su hermano ya ostentaba el cargo de juez superior titular de la corte Superior de Justicia de Huánuco desde diciembre de 2004.
Según la Contraloría, el familiar del juez transgredió el principio de presunción de veracidad prevista en la Ley n.° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, toda vez que declaró no tener impedimento para postular al procedimiento de selección y a contratar con el Estado. Ello permitió que la oferta del consorcio que integraba fuera admitida y ganara la buena pro, y posteriormente suscribiera el contrato con la Municipalidad Provincial de Huánuco para ejecutar la mencionada obra.
La Contraloría notificó al titular de la comuna provincial para que disponga las acciones administrativas y legales pertinente, ya que se afectó el principio de legalidad durante el procedimiento de contratación pública.
