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La Junta Técnica de Clasificación estaría evaluando como posibles centros de detención para que el expresidente Pedro Castillo cumpla los 18 meses de prisión preventiva, la Base Naval del Callao, donde actualmente está el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos; o el penal de Ancón.
El juez supremo, Juan Carlos Checkley, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones en la investigación que le siguen por la presunta comisión de delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio al Estado.
En tanto, el juez dictó comparecencia con restricciones para el exjefe del Gabinete Ministerial Aníbal Torres Vásquez. La fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Castillo Terrones y Torres Vásquez.
“El juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia resuelve declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la segunda fiscalía suprema transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos contra el imputado José Pedro Castillo Terrones en su condición de presidente de la República como presunto coautor de los poderes del Estado y el orden constitucional en modalidad rebelión (…) y conspiración”, leyó el magistrado.
Checkley Soria precisó que la prisión preventiva será hasta el 6 de junio del 2024.
La hipótesis de la Fiscalía sobre el delito de rebelión y conspiración contra Pedro Castillo se marca en el mensaje de la Nación que dio, el pasado 7 de diciembre, el expresidente al anunciar el cierre del Congreso y nuevas reformas en el sistema judicial.
El fiscal adjunto supremo Alcides Chinchay, argumentó que, después de la iniciativa de golpe de Estado, el exmandatario fue detenido en flagrancia en circunstancias que se dirigía junto a su familia a la embajada de México para pedir asilo político.
Explicó que Castillo para lograr su cometido se comunicó con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro Alvarado, y le pidió que intervenga el Congreso y proceda con la detención de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Refirió, además, que el exjefe de Estado no se encontraba solo en su despacho presidencial; sino con Aníbal Torres (asesor de PCM), Betssy Chávez (exprimera ministra); Willy Huerta (exministro del Interior) y Roberto Sánchez (exministro de Comercio Exterior) en su despacho presidencial.
La defensa pública de Pedro Castillo indicó que su patrocinado no llegó a cometer el delito de rebelión, debido a que no se alzó en armas. Asimismo, expuso que no existe peligro de fuga, puesto que el ahora investigado no trató de fugarse del país.
La defensa de Castillo Terrones apeló la orden de prisión preventiva por 18 meses. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez César San Martín, revisará la apelación del exmandatario.
Comparecencia con restricciones para Aníbal Torres
El juez supremo, Juan Carlos Checkley, ordenó comparecencia con restricciones y reglas de conducta contra el exprimer ministro Aníbal Torres, quien junto al expresidente Pedro Castillo son investigados por el presunto delito de rebelión y conspiración.
El extitular de la PCM no podrá ausentarse del lugar en que reside sin la autorización de un juez y presentarse ante la autoridad fiscal o judicial cuando esta lo requiera. Asimismo, ordenó el pago de S/ 20.000 como caución.
Tras conocer la disposición, la defensa de Torres Vásquez, anunció que apelará a la decisión.
Torres es investigado por rebelión y alternativamente, conspiración por el Ministerio Público. Esto luego de que el expresidente Pedro Castillo anunciara el último miércoles 7 de diciembre la disolución del Congreso, hecho que no se llevó a cabo tras la renuncia de todo el PCM y la pérdida de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
El ex primer ministro se mantiene en la clandestinidad a la que pasó la semana pasada, luego de anunciar que estaba siendo investigado por la Fiscalía de la Nación en compañía de Castillo.
